Imputan a militares del Batallón La Popa por persecución y tortura en casos de falsos positivos

Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encontraron toda una serie de elementos que permitieron determinar la responsabilidad de varios militares retirados que integraron el Batallón de la Popa, en Valledupar (Cesar) en hechos relacionados con actos de tortura y persecución.

Estas investigaciones giraron en torno a un grupo de 12 uniformados, ocho de los cuales fueron imputados por tortura y siete por persecución, entre cuyas víctimas se encuentran miembros de comunidades indígenas.

Esta formulación de imputación se produjo en el marco de las investigaciones que se siguen por el homicidio y desaparición forzada de al menos 135 personas en hechos ocurridos en Cesar, La Guajira, Atlántico y Magdalena.

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“Algunas de las víctimas eran integrantes de los Pueblos Indígenas wiwa y kankuamo, así como de los Consejos Comunitarios Kusuto Ma-Gende y José Prudencio Padilla. Otras eran campesinas y otras en situación de vulnerabilidad o de discapacidad”, señaló la JEP.

Así mismo, señalaron los magistrados que “una imputación completa asegura que los comparecientes serán juzgados y sancionados por todas las conductas cometidas, evitando así que tales discusiones se reabran en el futuro. En otras palabras, garantiza la verdad más amplia y exhaustiva, fundamental para una adecuada reconstrucción del daño ocasionado a las víctimas, las comunidades y el Territorio”, indicó la JEP.

Los magistrados explicaron que el delito de persecución, se produjo dado que algunos de los asesinatos reconocidos por los comparecientes se cometieron con motivaciones étnicas, es decir, por pertenencia de las víctimas a los pueblos indígenas kankuamo y wiwa.

“En algunos casos, las víctimas fueron traídas de otras regiones con falsas promesas de trabajo o de negocios y, luego de su asesinato, fueron presentadas como muertes en combate”, indicó el Tribunal.

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La Jurisdicción Especial para la Paz enfatizó que con esta imputación se establecen bases firmes para la resolución definitiva de la situación jurídica de quienes sean identificados como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.