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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) requirió al Consejero Presidencial Emilio Archila y al director de la Unidad Nacional de Protección Alfonso Campo Martínez, el cumplimiento de las órdenes para proteger la vida de los excombatientes de las antiguas Farc.
La decisión fue adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, dentro del trámite de medidas cautelares colectivas en favor de los comparecientes forzosos, y con el fin de proteger los derechos fundamentales de los exguerrilleros.
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Los magistrados advirtieron que el no cumplimiento de estas órdenes, conlleva a la imposición de sanciones correccionales para los dos altos funcionarios públicos del Gobierno.
En el caso de Archila, el objetivo es que adopte e implemente, a través de la Mesa Técnica, el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, incluida la sostenibilidad de los recursos administrativos y financieros necesarios.
Así mismo, se le hace un llamado a Campo Martínez, para que presente el plan de acción y proyección para evacuar el trámite de las solicitudes y estudios de riesgo pendientes y fuera de los términos de decisión.
"Se requirió al Director de la UNP para que se lleve a cabo el nombramiento y término de contratación de los 686 escoltas y los 40 analistas que se requieren para cubrir las necesidades identificadas en el plan de acción; se destine el presupuesto aprobado para la vigencia 2021 y se realice la sostenibilidad financiera de los nombramientos mientras subsista el riesgo para la seguridad de los excombatientes de las Farc", señaló la JEP.
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De acuerdo con el análisis técnico, a la fecha más de 256 excombatientes de las Farc han sido asesinados, es decir que en promedio cada cinco días se viene registrando un crimen de este tipo en el país.
"Las anteriores decisiones responden al análisis de los informes de cumplimiento presentados por los dos altos funcionarios, en respuesta a las solicitudes de la JEP que no han sido atendidas con efectividad, y principalmente ante el incremento de la violencia que afecta a los excombatientes, sus familias e incluso los escoltas", manifestaron los magistrados.
Según la JEP, el actual panorama evidencia que las medidas adoptadas no han sido suficientes por parte de las entidades para proteger la vida de los excombatientes en las diferentes regiones del país.
"Los excombatientes no han recibido la atención suficiente por parte de las entidades responsables de prevenir la afectación de sus derechos y proteger la vida, integridad y seguridad de dicha población en condición de vulnerabilidad", agregaron los magistrados.
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