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El fiscal General, Francisco Barbosa, defendió las acciones emprendidas por parte de ese organismo para investigar las amenazas contra líderes sociales en el corregimiento de El Salado, municipio del Carmen de Bolívar (Bolívar).
Barbosa respondió a través de una fuerte carta de tres páginas al Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, quien le había solicitado acciones al ente acusador en esa región tras las amenazas. El Fiscal le dijo al Defensor que está mal informado sobre el rol que cumple la Fiscalía, porque ese organismo no es la entidad encargada de tomar medidas urgentes tendientes a la protección de la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de las personas defensoras de los Derechos Humanos en el Salado.
Según la Fiscalía, dicha situación sería posible solo si dichos líderes sociales fueran testigos de los hechos que son materia de investigación, en cuyo evento, entraría el caso a la Dirección Nacional de Protección y Asistencia de la Fiscalía.
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“Le recuerdo que la función de la Defensoría no es la de atribuirle responsabilidades y nuevas funciones constitucionales a la Fiscalía General de la Nación, institución que es parte de la rama judicial del poder público”, afirmó el Fiscal General.
De igual forma, le respondió al Defensor del Pueblo: “lo invitó a que antes de emitir este tipo de comunicaciones, se informe del rol acusador de la Fiscalía y así podamos avanzar cada uno dentro de sus propias competencias en la protección de los Derechos Humanos en nuestro país”.
El Fiscal aseguró que la obligación de ese organismo es adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de delitos.
Barbosa aseguró que el programa de prevención y protección es responsabilidad del Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional.
Así mismo, sostuvo que desde que se conocieron las denuncias de las amenazas contra los líderes sociales en El Salado, se han desplegado labores investigativas que permitan esclarecer los hechos e identificar a los responsables.
“En los mensajes una de las personas amenazadas es la lideresa Yirley Judith Velazco Garrido, su situación es conocida por el Grupo de Trabajo Nacional y con ella se sostiene contacto permanente toda vez que ha sido víctima de amenazas en el pasado reciente”, manifestó el fiscal Barbosa.
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Agregó que también se han desarrollo actividades en el corregimiento, tendientes a recolectar elementos de prueba, identificar a todas las víctimas de los panfletos y los mensajes amenazantes.
“Igualmente, se han dictado órdenes a policía judicial con el fin de rastrear los mensajes que se emitieron vía WhatsApp”, añadió.
