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La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) inició el trámite de estudio de medidas cautelares para la protección integral de abogados de las víctimas acreditadas en el caso de los llamados “falsos positivos”.
Se trata del caso 03 relacionado con las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
El trámite de esta medida cautelar se produjo después de que un numeroso grupo de abogados representantes de víctimas y defensores de derechos humanos, presentaron un memorial dando cuenta de diversos incidentes que califican como riesgos desproporcionados contra su integridad personal, seguridad e intimidad.
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De acuerdo con las denuncias de los juristas estas intimidaciones se han registrado en el contexto de su ejercicio como intervinientes especiales en el caso de los falsos positivos.
“Los peticionarios de las medidas cautelares han participado activamente en el caso 03, mediante la construcción y entrega de informes, acompañando a las víctimas e interviniendo en las diligencias de observaciones y versiones de miembros de la fuerza pública”, indicó la JEP.
Los defensores de derechos humanos que participan en estos procesos de falsos positivos alegaron ser víctimas de presuntas actividades ilegales de inteligencia, “consistentes en actos de perfilación, vigilancia, seguimientos, hostigamientos y revisión de información pública en redes sociales”.
“La seguridad de las víctimas y sus representantes legales y de los comparecientes es una condición esencial para que la JEP pueda cumplir con su mandato constitucional de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables por la comisión de los crímenes más graves y representativos cometidos en el conflicto armado”, señalaron los magistrados de la JEP.
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En desarrollo de este estudio la JEP solicitó adelantar de manera urgente, los respectivos análisis de riesgo en relación con este grupo de abogados y defensores de derechos humanos.
De igual manera, los magistrados les solicitaron a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación rendir informes respecto a las investigaciones relacionadas con actividades ilegales de “perfilamiento”, seguimiento y/o vigilancia, que incidan en la seguridad de los representantes de las víctimas de ‘falsos positivos’.
