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Una red dedicada al tráfico de clorato de potasio desde Ecuador hacia Colombia fue detectada tras labores investigativas que permitieron establecer su funcionamiento y alcance, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación.
La sustancia, utilizada como insumo para la fabricación de explosivos, ingresaba de manera irregular al país y era distribuida hacia distintas regiones mediante un sistema de transporte diseñado para evadir controles.
Las autoridades determinaron que el tráfico se habría desarrollado entre los años 2024 y 2025, periodo durante el cual el material químico cruzó la frontera y fue movilizado a través de diversas rutas internas. La investigación permitió identificar los mecanismos utilizados para el ingreso y posterior distribución del clorato de potasio dentro del territorio colombiano.
Camuflaje en abonos y envíos comerciales
Uno de los aspectos centrales del esquema consistía en ocultar el clorato de potasio en cargamentos de abono para uso agrícola, transportados en camiones que circulaban por carreteras del país. Este método permitía mezclar el insumo con productos de uso común en el sector agrícola, reduciendo la visibilidad del material durante los traslados.
De manera paralela, la red utilizaba el sistema de envíos y encomiendas para movilizar la sustancia, aprovechando la infraestructura de empresas transportadoras para despachar paquetes hacia diferentes destinos. Según la investigación, esta modalidad facilitaba la distribución del químico y mantenía activa la cadena logística del tráfico.
Judicialización de presuntos integrantes
Como resultado de las indagaciones, fueron judicializadas tres personas señaladas de integrar la red, identificadas como Sonia Patricia Prado Rosero, Libardo Marcial Maya y Wilson Antonio Usamak Vásquez. La Fiscalía estableció que Prado Rosero y Marcial Maya habrían participado en la facilitación del ingreso irregular del clorato de potasio y en su posterior distribución en el país.
En el caso de Usamak Vásquez, las autoridades indicaron que trabajaba en una empresa de envíos y encomiendas y que habría aprovechado su rol para apoyar la logística del tráfico, coordinando y verificando al menos 20 despachos del material químico. Esta actividad habría sido clave para garantizar la continuidad de los envíos hacia distintas regiones colombianas.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los procesados el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o explosivos, en el marco de las audiencias preliminares. Durante estas diligencias, los señalados no aceptaron los cargos formulados en su contra y se ordenó una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
La Fiscalía General de la Nación informó además que, en el desarrollo de esta investigación, han sido judicializadas 29 personas vinculadas a la misma red en Colombia, y que se ha logrado la incautación de más de siete toneladas de material explosivo. Estos resultados hacen parte de las acciones adelantadas contra esta estructura dedicada al tráfico de sustancias para la producción de explosivos.
