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La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación para determinar si hubo responsabilidad de funcionarios de la embajada en Nicaragua, en el caso de la parranda vallenata en la que participó Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y prófugo de la justicia por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
De acuerdo con la fiscal general, Luz Adriana Camargo se trata de un episodio muy delicado teniendo en cuenta que contra Carlos Ramón González pesa una orden de captura internacional en su contra como uno de los protagonistas del escándalo del saqueo de recursos de Gestión del Riesgo.
“A mí me parece muy delicado sobre todo porque él es una persona que está siendo buscada por nosotros, tiene una circular roja de Interpol, entonces digamos que sabemos que él tiene una condición de asilo en Nicaragua”, indicó la fiscal general.
Así mismo, sostuvo: “La embajada es territorio nacional en el extranjero y me parece que tengo que evaluar cuáles son las consecuencias de esos hechos que recién han sucedido, pero en principio me parece muy delicado (…) Los ciudadanos y funcionarios, tendríamos que mirar cómo es la situación de los miembros de la embajada que han participado en ello y si su conducta pudiera constituir un favorecimiento, tendríamos que mirar”.
Explicó que en desarrollo de las respectivas valoraciones que haga la Fiscalía se definirá si existe un alcance penal contra los funcionarios de la embajada de Colombia en Maagua este episodio que involucra a Carlos Ramón González, quien próximamente será acusado ante la Corte Suprema de Justicia.
"Sí, el mensaje en realidad, como tú lo mencionas, es un mensaje muy negativo, sobre todo porque estamos hablando de eso. Entendemos que hay un asilo que le otorgó el Gobierno de Nicaragua, pero también entendemos que la sede de la Embajada de Colombia en Managua es territorio colombiano para todos los efectos jurídicos. Entonces vamos a revisar la situación", dijo la fiscal general.
¿Por qué fue llamado a juicio?
En el escrito de acusación, los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que coordinan el proceso señalan a Carlos Ramón González como supuesto autor de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
Según el fiscal delegado, se estableció que Carlos Ramón González supuestamente se reunió con Olmedo López en septiembre del 2023 en el Palacio de Nariño, y como director del Dapre, le ordenó al entonces director de la UNGRD que se entregaran 70.000 millones de pesos en contratos a Iván Name, expresidente del Senado ($60.000.000) y Andrés Calle, expresidente de la Cámara ($10.000.000) con el propósito de que brindaran su apoyo en los proyectos de ley del Gobierno que cursaban en el Congreso de la República.
Sin embargo, la Fiscalía evidenció que en atención a la insistente exigencia de recursos por parte de Name y Calle, Carlos Ramón González le dio instrucciones a Olmedo López de entregarles, con el mismo fin, coimas en efectivo por 4.000 millones de pesos a ambos congresistas, hoy capturados por orden de la Corte Suprema de Justicia.
Así mismo, la Fiscalía reveló que Carlos Ramón González presuntamente intervino para que Olmedo López no fuera removido de su cargo como director de la UNGRD, pese a estar suspendido por la Contraloría, lo que se habría constituido en el pago por ayudarlo a gestionar los millonarios sobornos para los expresidentes del Congreso.
