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Las recientes declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López en el marco del debate por los altos índices de inseguridad en la capital de la República no cayeron muy bien en los jueces integrantes del Comité del Sistema Penal Acusatorio puesto que consideraron que se les quiere culpar, en parte, por la grave situación.
Consideran que la mandataria señaló que los jueces están ordenando libertades infundadas de personas capturadas por acciones delictivas poniendo en grave riesgo la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, situación que -para los funcionarios de la Rama Judicial- no tiene ninguna validez sólida ni probatoria.
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En el documento señalan que los jueces tienen que evaluar la cada una de las peticiones de la Fiscalía General y demás sujetos procesales y evaluar si se cumplen o no con todos los requerimientos que exige la ley para legalizar capturas o cobijar con medidas de aseguramiento a los detenidos.
"Es posible, y así lo ha constatado el sistema judicial en múltiples oportunidades, que se presenten capturas ilegales, ya por ausencia de flagrancia o por violación de los derechos de los capturados. Cuando esto es percibido por los jueces su deber es velar por la garantía de los derechos en juego y evitar judicializaciones infundadas o viciadas", resaltan los jueces.
Los funcionarios aseguran que los señalamientos hechos por la mandatario generan una gran preocupación y los pone en una situación muy difícil ante la opinión pública. Consideran que se desconoce por completo la independencia de los jueces y el hecho que cada una de sus decisiones están basadas en Derecho y con los lineamientos de ley.
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Según la Judicatura -citan- solamente el 6% de las peticiones de aprehensión presentadas por la Fiscalía entre los años 2020 y 2021 fueron negadas, "lo que implica que los jueces, casi siempre, corroboraron y reconocieron el cumplimiento de las cargas que corresponden a fiscales. Cuando esas cargas no se cumplen el deber de los jueces es ordenar la libertad de los procesados, y ello no pone en peligro a la sociedad: garantiza la vigencia de la Constitución".
En el comunicado califican como "falso" que los jueces de control de garantías sean los únicos que decidan sobre todas las libertades ordenadas en el sistema acusatorio. En muchos casos, los fiscales consideran que no se cumplen los requisitos para pedir la medida de aseguramiento o que son improcedentes en el momento procesal.
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"Reclamar que esas decisiones, que son porcentualmente ínfimas, no se adopten, equivale a exigir que no existan controles para la función pública que ejerce tanto la Policía Nacional como la Fiscalía General de la Nación, algo que solo ocurriría bajo un régimen autoritario. Colombia es un Estado Social de Derecho", señala uno de los apartes de la decisión.
Los jueces indican que se debe garantizar siempre el debido proceso y los derechos de los procesados. Todas las decisiones que se tomen -reseñan- deben tener una viabilidad jurídica como lo señala la ley y la Constitución Política.
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