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El Consejo de Estado ratificó la decisión de noviembre del 2021 que le dio vía libre a los pilotos de fracking, negando una medida cautelar que pedía suspenderlos.
En esta oportunidad, el alto tribunal estudió y negó un recurso de súplica contra decisión que buscaba dejar sin efectos los requisitos ambientales establecidos en el decreto que permitió la aplicación de los pilotos de fracking.
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Para la sala, las medidas cuestionadas sí se adecuaban a las competencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “la sala consideró que la cartera no estaba imponiendo una exigencia ambiental adicional a las que son del resorte de dicha autoridad”.
El recurso de suplica decía que el Ministerio no tenía ninguna competencia para establecer estándares legales para la práctica del fracking, como tampoco frente al otorgamiento de las respectivas licencias ambientales.
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Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que en esas normas “se reglamentan unos asuntos que son de competencia del Ministerio de Ambiente y otros que son de resorte del Ministerio de Minas y Energía. De ahí que, además de la firma del Presidente, dicho acto lleve la rúbrica de los jefes de las dos carteras señaladas. Así las cosas, para la sala no es ilegal un decreto por el hecho de que contenga asuntos de competencia de distintos ministerios”.
La determinación implica que los decretos seguirán vigentes mientras esa sea la voluntad de la administración y hasta que se emita un fallo de fondo sobre su legalidad.
El decreto también permitió la firma del primer contrato de pilotos de fracking entre Ecopetrol y el Gobierno a finales del 2020, “dando así inicio al proceso de exploración sobre una zona concreta: Puerto Wilches Santander”.
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