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Este miércoles 27 de enero, se reanuda el juicio contra Nelson Arturo Caro Zorro, en el proceso que enfrenta por el feminicidio de su expareja, Leidy Hernández.
El crimen ocurrió en Bogotá el 21 de mayo de 2019 en el barrio Molinos de la localidad de Rafael Uribe Uribe, cuando el cuerpo sin vida de Leidy fue hallado envuelto en bolsas plásticas al interior de su vivienda.
El cadáver presentaba múltiples heridas de arma blanca, al parecer ocasionadas por su expareja, con quien vivió durante cinco años y con quien tenía un hijo de cuatro años de edad.
Durante la etapa de juicio el presunto victimario fue dejado en libertad.
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En la audiencia citada para el próximo miércoles, de manera virtual, ante el Juzgado 43 de conocimiento de Bogotá, la familia de la mujer solicitará al juez que Nelson Caro Zorro sea puesto de nuevo tras las rejas.
La familia de la víctima argumenta que su libertad respondió a los continuos aplazamientos derivados de solicitudes de su defensa buscando, al parecer, entorpecer el proceso.
Advierten además, que temen por su seguridad e insisten en un llamado para que se haga justicia por la muerte de su familiar.
Leidy, de 30 años, era estudiante de psicología de la Universidad Pedagógica y había denunciado por violencia intrafamiliar a su pareja en dos ocasiones.
Según información del proceso, tras compartir la situación de maltrato a sus padres en los primeros días de mayo, su familia dejó de tener noticias de ella.
En conjunto con las autoridades iniciaron su búsqueda y la hallaron muerta.
El procesado fue capturado el 27 de mayo de 2019, en Villanueva, Casanare, luego de haberse, presuntamente, dado a la fuga el mismo día del asesinato y llevándose a su pequeño hijo.
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La concejal de Bogotá, Lucía Bastidas Ubaté, quien ha acompañado a la familia en sus denuncias, secundó la solicitud y agregó que las continuas fallas técnicas del juzgado que lleva el caso también han contribuido en la demora de resultados en el juicio en contra del hombre acusado de cometer el crimen.
“La acusación fue el 8 de agosto de 2019, y en esa oportunidad la defensa solicitó el primer aplazamiento, el 3 de septiembre el abogado renunció y no se llevó a cabo la audiencia, el 23 de enero la preparatoria se aplazó por incapacidad médica del defensor; ya el 24 de febrero la incapacidad era del acusado; el 25 de marzo no se realizó otra diligencia porque no se hizo remisión por la cuarentena; el 26 de abril el juzgado no tuvo conexión, el 19 de mayo el abogado no se presentó a la audiencia virtual y ya en julio le dieron la libertad por vencimiento de términos gracias a todas estas demoras, ¿y la justicia y las garantías para las víctimas”, cuestionó Bastidas.
