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Los magistrados de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) anunciaron que un total de 21 miembros del Ejército Nacional reconocieron su responsabilidad en la comisión de falsos positivos, registrados en la zona del Catatumbo y la Costa Caribe.
La magistrada Catalina Díaz indicó que entre estos uniformados se encuentra el general retirado Paulino Coronado y once oficiales más, seis suboficiales, tres soldados y un tercero civil.
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“El oficial de más alto rango en reconocer su responsabilidad por los hechos es el brigadier general Paulino Coronado Gámez, antiguo comandante de la Brigada 30, quien presentó su sentimiento de perdón por el gran dolor causado por los execrables actos cometidos (...), conllevando al deceso de seres inocentes que se presentan como combatientes, dejando profunda desolación entre sus seres queridos, a quienes ofrezco mi absoluta disposición para contribuir en el esclarecimiento de la verdad, como medio reparador”, indicó la magistrada Díaz.
Este grupo de uniformados confesó su autoría en el asesinato y desaparición forzada de al menos 120 personas en El Catatumbo y 127 en la Costa Caribe, que fueron presentadas falsamente como bajas en combate.
La Sala de Reconocimiento de la JEP ordenó poner en marcha un proceso restaurativo para preparar la audiencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad.
La JEP concluyó que “los crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate".
También reconocieron su responsabilidad los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, los tenientes coroneles Álvaro Diego Tamayo Hoyos y Gabriel de Jesús Rincón Amado, el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro y el capitán Daladier Rivera Jácome.
En igual sentido aceptaron su autoría el sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz, el sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras, el cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar y el tercero civil Alexander Carretero Díaz, colaborador de las estructuras militares en las acciones ilícitas.
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Agregó que los coroneles retirados Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, comandantes del Batallón La Popa de Valledupar durante los años 2002, 2004 y 2005, negaron su responsabilidad y por lo tanto sus procesos fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para que de encontrar mérito enfrenten el respectivo juicio.
El presidente de la JEP, Magistrado Eduardo Cifuentes, advirtió que de ser hallados culpables estos dos coróneles retirados podrían ser condenados hasta con veinte años de cárcel.
