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El Consejo de Estado condenó a la Nación a reparar a los familiares de tres personas que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, por un grupo del Gaula del Ejército en Santa Rosa de Osos (Antioquia) el 11 de enero de 2008.
El caso es el de José Luis García Ospina, Héctor de Jesús Grisales Uribe y Carlos Mario Ramírez Londoño, quienes fueron encontrados sin vida en zona rural del departamento, luego de que al parecer disparan contra integrantes de las fuerzas militares.
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Las familias de las víctimas demandaron al Estado, pero en primera instancia el Tribunal Administrativo de Antioquia negó la petición de indemnización pues encontró que según el informe de la acción militar, las bajas se habrían producido en respuesta a disparos contra los uniformados.
"Concluyó que se configuró la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de las víctimas, en atención a que estaba demostrado que dispararon las armas de fuego encontradas al lado de sus cadáveres en contra de los uniformados del Grupo Gaula, razón que provocó que hicieran uso de sus armas de dotación oficial para defenderse", cita uno de los apartes del documento.
Los accionantes apelaron la decisión judicial, por lo que el caso llegó a la Sección Tercera del alto tribunal, en donde la magistrada ponente María Adriana Marín consideró que los testimonios de los oficiales no se ajustaban a lo relatado en el informe y concluyó que el supuesto enfrentamiento fue simulado.
"Confirmar la simulación del enfrentamiento armado en el que fueron asesinadas las víctimas y la falsedad de lo consignado en el informe de operaciones y en el radiograma, además, permiten corroborar que efectivamente a los señores José Luis García Ospina, Héctor de Jesús Grisales Uribe y Carlos Mario Ramírez Londoño les implantaron unas armas de fuego al lado de sus cadáveres", asegura otra parte de la sentencia.
Los testimonios de las familiares señalaron que la última vez que vieron a las tres víctimas fue el 10 de enero de 2008, asegurando que empezarían a trabajar en una finca, pero los accionantes dijeron no entender porque aparecieron muertos en Santa Rosas de Osos, pues allá no tenían familiares, amigos o conocidos.
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Por esto, la sección condenó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional a indemnizar a las víctimas para reparar los daños y perjuicios ocasionados por la muerte de los tres sujetos.
