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La Fiscalía General de la Nación capturó a dos militares y a una falsa oficial que ingresó en al menos 36 ocasiones al batallón de fuerzas especiales urbanas número 5 que corresponde al tercer anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con el director especializado contra las Organizaciones Criminales, Nelson Andrés Escobar, esta red criminal habría infiltrado operaciones en contra de estructuras delincuenciales en Bogotá y Cundinamarca, así como esquemas de protección; y obtenido información de seguridad nacional.
Según las investigaciones, la mujer capturada fue identificada como Luisa Fernanda Salgado Fernández, quien haciéndose pasar como capitán, es señalada de asumir funciones exclusivas de los oficiales, ingresar a reuniones interinstitucionales y acceder a información de carácter reservado, secreto y ultrasecreto relacionada con indagaciones en curso, composición de los esquemas de seguridad de altos dignatarios y procedimientos judiciales contra estructuras criminales, entre estas el Tren de Aragua.
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Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas de manera conjunta con el Ejército Nacional y la Policía Nacional en un inmueble de la localidad de Puente Aranda, en el Cantón Norte y en el Distrito Militar N°3 del Ejército Nacional, en Bogotá.
La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal.
De acuerdo con la investigación, entre marzo de 2024 y abril de 2025, el mayor Jiménez, en su calidad de comandante de una unidad del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (BAFUR 5), habría permitido el ingreso de Salgado Fernández a las instalaciones militares y la participación en operaciones tácticas y de inteligencia.
“En el caso del sargento segundo Padilla Villanueva, los elementos materiales probatorios indican que sería el encargado de facilitar la entrada de la particular a las instalaciones militares, y permitirle interactuar con la tropa e involucrarse en actividades de inteligencia y entrenamiento táctico,” indicó el fiscal Escobar.
También se le atribuye la entrega de detalles sobre los movimientos de la unidad y de la logística para la utilización de equipos de comunicaciones y drones en las misiones, lo que permitió a la particular disponer de detalles de interés estratégico sin cumplir con los protocolos de seguridad ni contar con autorización.
La Fiscalía agregó que de esta manera, quedaron en manos de un civil documentos oficiales, imágenes aéreas, planes de allanamiento y productos de inteligencia.
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“Con esta fuga de material, en algunas oportunidades, se solicitaron y ejecutaron diligencias judiciales, y se indujo en error a fiscales y jueces al hacerles creer que los reportes provenían de fuentes legales y verificadas", señaló la Fiscalía.
