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La Contraloría General de la República profirió un fallo con responsabilidad fiscal por $87.027 millones contra Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, una firma interventora encargada de implementar tecnologías de conectividad en escuelas de zonas rurales.
De acuerdo con el organismo de control, la ejecución del contrato no cumplió con los objetivos establecidos, resultando en el incumplimiento de la entrega total de equipos necesarios para el proyecto, lo que impidió garantizar conectividad gratuita en áreas apartadas del país, una iniciativa en la que se planeaba la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país.
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La Contraloría afirmó que la gestión fiscal fue ineficaz e inoportuna, ya que la Unión Temporal no ejecutó el contrato en los términos pactados. Como resultado, se decidió la terminación anticipada del contrato, lo que conlleva la obligación de devolver los recursos públicos,
Asimismo, sostiene que la Unión Temporal, presentó una garantía bancaria falsa que facilitó el inicio del proyecto y el desembolso de los recurso $70.000 millones.
Este fallo también determina como responsables a Juan Carlos Ángel, representante legal de la empresa proveedora de equipos y Paola Izquierdo representante legal del consorcio interventor, quienes aprobaron órdenes de pago sin verificar los documentos necesarios, además el consorcio no solicitó la reunión del comité fiduciario para evitar el giro de recursos ante el inminente incumplimiento del cronograma.
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Sin embargo, la Contraloría estableció que Adriana Meza, representante legal delegada, solo fue informada del incumplimiento en mayo de 2021, y Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual, actuó conforme a los procedimientos exigibles y fue inducida en error por el consorcio, por lo que son fueron responsables de lo sucedido.
