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Desde el 12 de noviembre, el Consejo de Estado le ha pedido a la Presidencia de la República que envíe varios documentos que sirvan para definir si la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, debería perder su investidura por haber participado en el llamado 'tarimazo' en Medellín.
El Gobierno no ha enviado la totalidad de los archivos. El alto tribunal pidió una "copia íntegra" de dos resoluciones clave: la que autorizó un "espacio de conversación sociojurídico" con las bandas del Valle de Aburrá y la que nombró a los representantes del Ejecutivo, incluyendo a Zuleta.
Ante la ausencia de los documentos en el expediente contra la congresista, el 3 de diciembre el Consejo acudió por tercera vez a la Presidencia "para que se sirvan dar respuesta de forma inmediata" a los oficios que han reiterado la orden de noviembre.
La secretaria general del Consejo, Diana Lucía Sánchez Serna, firmó el documento que en tres páginas le reclama a la Presidencia por no cumplir. El archivo contiene pantallazos de correos en los que el Consejo, con mayúscula sostenida, califica como "URGENTE" su requerimiento.
"El presente oficio se libra en un proceso de pérdida de investidura, cuyo trámite demanda especial celeridad", afirmó Sánchez en negrita. El despacho de notificaciones judiciales de la Casa de Nariño aún no ha acusado recibido ni ha contestado a las peticiones de la justicia.
El magistrado Germán Osorio, del Consejo de Estado, decretó varias pruebas en medio del proceso contra Zuleta. El alto tribunal avanza desde agosto en el caso, que pide la salida de Zuleta del Congreso, a donde llegó con la bancada oficialista.
La petición de Isabel Zuleta y el papel del Inpec
Zuleta es representante de la administración de Gustavo Petro en Medellín en una mesa de 'Paz Urbana', una rama de la política de 'Paz Total' que empezó en 2023 para buscar una "estrategia sociojurídica" con las estructuras armadas "de alto impacto" del Valle de Aburrá.
Hace seis meses, la iniciativa agrupó en una tarima en el Centro Administrativo La Alpujarra al mandatario, Zuleta y nueve jefes criminales recluidos en la cárcel La Paz, de Itagüí. El Gobierno lo presentó como un triunfo de sus diálogos y desató controversia.
El abogado administrativista William Quintero Villarreal demandó en julio la pérdida de investidura de Zuleta. El Consejo de Estado ha recopilado evidencia desde entonces, y en noviembre notificó de la orden de buscar más, en el Inpec, la Presidencia y el Senado.
La senadora envió un oficio en el que solicitó el traslado de los nueve cabecillas. El Inpec lo autorizó con una resolución el 19 de junio. El documento afirma que la carta de Zuleta no tenía número ni fecha, y el magistrado Osorio aspira a conocerla.
"Oficiar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para efectos de que se remita copia del oficio remitido por la senadora de la república, señora Isabel Cristina Zuleta López, a esa institución y a la cual hace mención la resolución", ordenó el Consejo.
Las investigaciones por el 'tarimazo'
El alto tribunal le pidió al Senado enviar una copia de la hoja de vida de Zuleta, y a la Presidencia, copias de las resoluciones con las que en 2023 instaló el Espacio de Conversación Sociojurídico y en 2024 nombró a sus delegados, con Zuleta como coordinadora.
Después de recibir los archivos, incluyendo los que la Presidencia no ha enviado, el Consejo fijará la fecha para una audiencia pública para revisar el papel de Zuleta en el denominado 'tarimazo', y analizar si su intervención implica la pérdida de su cargo en el Legislativo.
El 'tarimazo' ha tenido varias consecuencias. El 12 de noviembre la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política, por el evento.
La Comisión compulsó copias en agosto para que la Corte Suprema de Justicia también investigue a Isabel Zuleta. El Inpec, que permitió la remisión de los presos, tendrá que responder en todas las instancias por la decisión de dejarlos salir.
En La Alpujarra estuvieron Juan Álvarez, alias 'Juan 23'; Alber Henao, 'Albert'; Carlos Mesa, 'Carlos Chata'; Freyner Ramírez, 'Carlos Pesebre'; Juan Camilo Rendón, 'Saya'; Jorge Vallejo, 'Calambre'; Walter Román, 'El Tigre'; Dayron Muñoz, 'El Indio', y Jose Muñoz, 'Douglas'.
Todos han sido sentenciados por concierto para delinquir, menos 'Douglas', quien de todos modos recibió en 2009 una condena de 32 años de prisión por secuestro extorsivo. Entre todos los asistentes, suman unos 155 años de cárcel por varios crímenes.
