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El Defensor del Pueblo Carlos Camargo, recorrió Buenaventura con el fin de verificar de primera mano la situación humanitaria del desplazamiento forzado, así como también el reclutamiento de menores de edad entre otros delitos, que se presentan en la cuenca del Río Calima por la presencia de grupos armados ilegales.
De acuerdo a lo manifestado por las autoridades indígenas, los líderes sociales y las comunidades étnicas afrodescendientes que habitan en esta región del Pacífico, la difícil situación humanitaria que viven es por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales, vinculados principalmente a las actividades de narcotráfico.
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“La incertidumbre y el temor siguen siendo una constante. Las familias manifiestan estar angustiadas por los grupos armados en sus territorios, y aunque quieren retornar, no cuentan con las garantías de seguridad ni la presencia institucional en el territorio”, aseguró el Defensor del Pueblo.
Se conoció que son unas 80 familias desplazadas, las cuales cumplen dos meses de permanencia en Buenaventura, mientras que en la zona rural se registran al menos 868 familias que se encuentran confinadas.
“Hacemos un llamado a las autoridades para reforzar la atención de las familias desplazadas. En los albergues que visitamos encontramos dificultades en materia de alimentación por lo numeroso de algunas familias. No ha habido atención diferenciada en salud y se requieren jornadas de atención, principalmente para mujeres embarazadas y madres lactantes. Adicionalmente, se requiere un programa en el sitio para que los niños sigan sus procesos educativos”, agregó Camargo.
Cabe recordar que desde el 20 de enero, se presentaron dos desplazamientos masivos desde el Bajo Calima hacía Cali, donde cientos de familias dejaron todo por la ola de violencia.
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En Buenaventura la disputa urbana entre las bandas criminales identificadas como Los Shottas y Los Espartanos, que hacen parte de la estructura criminal conocida como La Local; además de la presencia de guerrilleros del ELN en el corregimiento de Bajo Calima, que mantienen una confrontación con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y disidencias de las Farc, hace previsible un incremento en la vulneración de los derechos humanos contra la población de Buenaventura según advirtió la Defensoría.
