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En una operación de control y vigilancia de rutina, las autoridades de tránsito y transporte, lograron la captura en flagrancia de un ciudadano que transportaba de manera irregular un total de 27 loros silvestres.
El procedimiento judicial y de rescate se llevó a cabo este lunes 23 de febrero de 2026, en el corredor vial que conecta las localidades de Corán y Puerto Salgar, en jurisdicción del departamento de Cundinamarca, un punto estratégico para el monitoreo del flujo vehicular en el centro del país.
El hallazgo se produjo cuando los uniformados de la Policía Nacional realizaron la señal de pare a una motocicleta de color azul. Durante la inspección física del conductor y el vehículo, los agentes detectaron que el hombre ocultaba a las aves dentro de un maletín y una caja de cartón, elementos que no cumplían con ninguna condición técnica ni sanitaria para el traslado de seres vivos.
Tras el decomiso, las especies fueron puestas de inmediato bajo la custodia de la autoridad ambiental competente, entidad que iniciará los protocolos de valoración médica y biológica para determinar su estado de salud y posterior retorno a su hábitat.
Judicialización y marco legal del tráfico de fauna
El sujeto capturado fue debidamente informado de sus derechos constitucionales y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Local de La Dorada, donde se inició el proceso de judicialización formal.
De acuerdo con el reporte oficial, el implicado deberá responder por el delito de tráfico de fauna silvestre, una conducta que se encuentra tipificada y sancionada bajo el artículo 328 A del Código Penal. Este marco legal busca castigar severamente a quienes extraigan, comercialicen o transporten especies protegidas del patrimonio natural.
Las consecuencias jurídicas para este tipo de infracciones son estrictas en la legislación actual. El delito contempla penas privativas de la libertad que oscilan entre los 60 y 135 meses de prisión, lo que se traduce en condenas de entre 5 y 11 años de cárcel.
Sumado a la sanción penal, el sistema judicial impone multas económicas altas, las cuales inician en los 134 salarios mínimos y pueden escalar hasta los 43.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas cifras pueden aumentar significativamente si se comprueban agravantes, como la afectación grave al medio ambiente o la reincidencia en la actividad ilícita.
Estadísticas y control en los corredores nacionales
Este reciente operativo se enmarca en una problemática persistente que afecta la biodiversidad del país. Según las cifras consolidadas de la Dirección de Tránsito y Transporte, durante el último año calendario se ha logrado la recuperación de 1.476 animales en diferentes carreteras del territorio nacional.
El análisis de estas incautaciones revela un patrón de tráfico recurrente que afecta principalmente a especies como cangrejos, iguanas, canarios, tortugas y loros, los cuales son víctimas de redes de comercio ilegal que operan a través del transporte terrestre.
El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de la unidad de Tránsito y Transporte, enfatizó que la institución mantiene una lucha frontal contra el tráfico ilegal de fauna a través de la vigilancia permanente en los ejes viales.
Según el alto oficial, estos controles no solo tienen como fin la protección de la fauna, sino también el combate a las economías ilícitas que se derivan de la explotación de los recursos naturales. El fortalecimiento de estos puestos de control es visto como una medida esencial para desarticular las rutas de distribución de especies silvestres.
Las autoridades han reiterado la invitación a la ciudadanía para que colabore activamente, mediante la denuncia de cualquier actividad sospechosa que atente contra los recursos naturales.
La colaboración civil es considerada una pieza clave para detectar a tiempo el transporte clandestino de fauna y permitir que los organismos de control intervengan, antes de que los animales sean comercializados en mercados negros nacionales o internacionales.
