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En medio de las reacciones por la muerte del niño de 7 años, Kevin Acosta, quien padecía hemofilia y no recibió el medicamento profiláctico Emicizumab durante aproximadamente dos meses, la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) instauró un seguimiento permanente a la Nueva EPS, entidad que se encuentra intervenida por la Superintendencia desde abril de 2024.
Este seguimiento, según informó la Supersalud, busca ejercer una supervisión intensiva y continua sobre la operación de la entidad, que incluirá evaluaciones semanales para garantizar el cumplimiento de los protocolos de atención.
En respuesta a este caso, se inició una auditoría focalizada sobre el proceso de atención del menor, incluyendo las barreras administrativas y la entrega del medicamento por parte de la Nueva EPS y del prestador del servicio. Además, se analizará el cumplimiento del protocolo, las autorizaciones y el suministro del tratamiento para la atención de la hemofilia diagnosticada en Kevin.
La indagación verificará si se omitieron las normas vigentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) sobre la entrega oportuna de medicamentos y las directrices para la atención de pacientes con enfermedades huérfanas.
La superintendente de Salud ad hoc para la Nueva EPS, Luz María Múnera Medina, afirmó en entrevista con La FM que la entidad atraviesa una crisis financiera y administrativa. Aclaró que el seguimiento a la EPS no inició tras la muerte de Kevin Acosta, sino que forma parte de un plan de trabajo estructurado desde su llegada al cargo y que ya se encuentra en ejecución desde hace varias semanas.
¿Cuál es la situación financiera actual de la Nueva EPS?
Múnera señaló que la Nueva EPS enfrenta dificultades en materia financiera y de control interno. “Está en crisis y eso no es nuevo para nadie”, expresó. Indicó que existen cerca de 15 billones de pesos en facturación sin auditar, lo que impide conocer con precisión el estado real de las cuentas. Aunque el gerente interventor informó la revisión de 3 billones, afirmó que “no nos ha entregado información”, por lo que no se ha podido verificar el detalle de esas auditorías.
La funcionaria explicó que, de no recibir la información requerida, acudirá a la Contraloría y la Procuraduría para exigir su cumplimiento. Sobre el monto total de la deuda, precisó que no corresponde a 20 billones de pesos, como se ha mencionado, sino que el cálculo preliminar ronda los 9 billones de pesos, cifra que deberá confirmarse una vez se complete la auditoría financiera.
También se refirió a los embargos que afectan a la entidad y manifestó que algunos procesos judiciales requieren revisión. Señaló que no puede afirmar la existencia de irregularidades, pero sostuvo que ciertas decisiones “llaman mucho la atención” por la forma en que se han ejecutado.
¿Habrá auditoría forense y traslado de afiliados a la Nueva EPS?
La superintendente anunció la firma de una auditoría forense internacional. “No voy a ocultarle a los colombianos la verdad”, afirmó, al señalar que auditorías anteriores no produjeron resultados concluyentes. Explicó que el objetivo es establecer si existen hechos de corrupción y determinar responsabilidades, y agregó que, de ser necesario, acudirá a la Fiscalía y demás organismos de control.
En relación con el posible traslado de afiliados, aclaró que no serán cuatro millones sino aproximadamente tres millones, y que el proceso se realizará bajo criterios de territorialización. Explicó que en algunos municipios operan EPS con menos de 100 afiliados sin capacidad suficiente de atención, lo que incrementa costos y dificulta la prestación del servicio. Indicó que el traslado respetará la normativa vigente y que los usuarios contarán con un plazo para decidir si permanecen o no en la entidad.
Sobre el suministro de medicamentos, señaló que se lograron acuerdos con gestores farmacéuticos y que se han realizado pagos para normalizar la operación. Sin embargo, afirmó que existen contratos para dispensar el 100% de los medicamentos que actualmente solo cumplen de manera parcial, por lo que se están evaluando acciones jurídicas por posible incumplimiento.
Respecto al caso de Kevin Acosta, manifestó que no emitirá conclusiones hasta contar con la necropsia oficial. “Yo no la tengo”, dijo, al indicar que no se pronunciará sin ese documento.
Hizo un llamado al Congreso para conformar una mesa de trabajo y abordar la situación de la Nueva EPS. “No podemos hacer esto por Twitter”, afirmó, y señaló que su responsabilidad es ejercer control y avanzar en la estabilización del sistema.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM
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