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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión este viernes de no dictar medida de aseguramiento contra cinco congresistas y un excongresista salpicados en el escándalo de corrupción dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, (UNGRD).
Según el expediente judicial de los hoy congresistas salpicados, aprovecharon su posición como congresistas en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), donde presuntamente, habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la Unidad del Riesgo.
Esta investigación es adelantada por el despacho del magistrado Misael Rodríguez, el mismo que ha citado al exministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla a rendir declaración por estos hechos. Entre tanto, la Corte votó desfavorablemente para que los congresistas, Julián Peinado, Wadith Manzur, Liliana Bittar, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo y el ex representante a la Cámara, Juan Diego Muñoz vayan a prisión mientras continúan estas investigaciones.
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Estas investigaciones también relacionan a varios exministros que han pasado por los pasillos de la Corte Suprema por este escándalo. Recordemos que los congresistas hoy, supuestamente implicados habrían tenido también relación con la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, la misma que recientemente firmó un acuerdo con la Fiscalía para colaborar en este investigación.
Según la Fiscalía los testimonios rendidos por otros funcionarios, que también están siendo investigados, Benavides habría coordinado supuestamente, con el entonces ministro Bonilla la gestión de más de 92.000 millones de pesos que iban destinados a municipios como Cotorra en Córdoba, Córdoba, Saravena en Arauca y el Carmen de Bolívar, Bolívar, donde hoy, los legisladores en cuestión habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público valiéndose de su posición en la Comisión Tercera.
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La Corte Suprema de Justicia señaló que detrás de esta investigación existen más de 50 pruebas y un sinnúmero de testimonios, en los cuales se incluyó el del exasesor del Dapre, Jaime Ramírez Cobo; la exsecretaria privada de López, Diana Carolina Martínez Joya, así como pruebas documentales que podrían evidenciar que los congresistas, siendo parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, estarían relacionados con la emisión de 13 de los 18 conceptos presentados por el Ministerio de Hacienda.
Recordemos que por este escándalo, la Corte Suprema de Justicia ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los Congresistas, Iván Name y Andrés Calle para que cumplan la medida de aseguramiento al estar presuntamente, implicado en este entramado.
