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La Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional por la falta de articulación entre el Presidente y las demás entidades para garantizar seguridad a todos los líderes y defensores de derechos humanos que han reclamado por amenazas contra su vida.
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Para la Corte esta situación ha sido alertada en varias ocasiones por organismos como la Defensoría del Pueblo, pues resaltan que desde la firma de Acuerdo de Paz con las Farc, ese organismo ha emitido al menos 11 alertas tempranas por las violaciones a los derechos humanos de líderes y lideresas sociales.
Frente a esto, la Sala Plena detectó múltiples causas, entre las que destacó las acciones de grupos al margen de la ley, pero también las faltas estructurales de la capacidad del Estado que empeoran la situación de seguridad de los líderes y defensores.
“Las fallas estructurales en el cumplimiento de los deberes del Estado social de derecho se subsumen en la ausencia de capacidad para coordinar a las diferentes entidades públicas con el fin de enfrentar y prevenir la violencia contra la población líder y defensora de derechos humanos y las limitaciones presupuestales a efectos de garantizar la oferta de la totalidad de medidas de protección”, asegura el documento.
La Corte explicó que la falta de un plan articulado en un instrumento que sea claro para abordar esta situación es otro factor que agrava las condiciones de seguridad para los líderes sociales.
Además, aseguran que esa falta de destinación de recursos y capacidades para abordar la problemática puede ser por ausencia de disposición para tomar las medidas requeridas.
“Tales circunstancias, que pueden obedecer a la falta de voluntad institucional para dialogar e interactuar conjuntamente, exige de las autoridades un esfuerzo por ajustar sus propios comportamientos. A juicio de la Corte ello puede contribuir efectivamente a enfrentar las fallas estructurales aquí detectadas”, menciona el comunicado.
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La Corte dio un plazo de seis meses a entidades como la Fiscalía, el Ministerio del Interior, de Defensa, la Procuraduría y sobre la Unidad Nacional de Protección para que establezcan planes articulados que atiendan los problemas detectados por la Sala Plena.
