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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, criticó la propuesta del presidente Gustavo Petro sobre un tribunal de cierre para los casos que abordan hechos del conflicto armado, para tomar decisiones unificadas sobre estos procesos.
El presidente afirmó que el modelo de justicia transicional, permitiendo que las personas juzgadas por Justicia y Paz, declaren en calidad de comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, accediendo a los beneficios del sistema de la JEP, representaría una burla a la justicia.
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“Ante la pérdida de los beneficios de un modelo de justicia por haber cumplido los compromisos pasa a otro modelo de justicia como una manera de burla a la justicia transicional, tratando de encontrar en ésta los beneficios que perdió en el otro modelo de justicia”, afirmó el presidente de la corte.
El magistrado reconoció la importancia de la figura del traslado de pruebas, pues mencionó que es la manera para que el testimonio compareciente o desmovilizado, pueda ser tenido en cuenta por otras jurisdicción que investiguen hechos relacionados.
“La utilización de la prueba trasladada para de este modo lograr que lo declarado por un testigo, un compareciente o un desmovilizado, tanto en la jurisdicción ordinaria como en la transicional, pueda ser validado como medio de convicción para el esclarecimiento de los hechos y evitar la dispersión de las verdades”, afirmó el magistrado.
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Sin embargo, Chaverra resaltó que en ese sentido, los comparecientes o desmovilizados podrían acogerse a los beneficios de las jurisdicciones transicionales, faltando a los compromisos de entregar detalles sobre los casos del conflicto armado en el tribunal al que se postuló en primera medida.
“Ello deja en evidencia que el postulado o compareciente que no cumplió sus compromisos de verdad ante justicia y paz pueda pasar impunemente a otro sistema de justicia y acogerse a sus beneficios dando cuenta de unos hechos que debió narrar cuando se postuló ante justicia y paz”, concluyó el magistrado.
El presidente de la corte afirmó que esto representa una desarticulación de los modelos de justicia transicional y un retroceso frente al ideal de verdad y justicia.
