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La Corte Constitucional citó para el próximo 28 de abril una audiencia pública en la que se discutirá todo el tema de la inseguridad y amenazas hacía los lideres sociales y defensores de derechos humanos.
La audiencia se desarrollará en el marco del estudio de nueve tutelas que presentaron diferentes lideres sociales y organizaciones de derechos humanos por violaciones a su integridad personal, libertad de asociación, participación política y el derecho a defender los derechos humanos.
Ellos le dijeron a la Corte que a pesar de que el Estado intente protegerlos con esquemas de seguridad, “las amenazas y los atentados no disminuyen y los esquemas de protección no tienen enfoque diferencial de género, étnico racial, cultural, ni territorial”.
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También denunciaron la falta de compromiso de la Fiscalía para esclarecer los hechos “por amenazas contra defensores de derechos humanos”, igualmente indicaron que algunos lideres sociales no cuentan con protección de la UNP; y que no existen políticas que eviten la estigmatización sistemática de la cual son víctimas.
“Las audiencias públicas constituyen un instrumento idóneo y eficaz para lograr mayor ilustración sobre las cuestiones que puedan tener incidencia en la resolución de los asuntos que debe decidir”, dijo la Corte.
Según las cifras que reporta Indepaz, entre enero y marzo de este año han sido asesinados 48 lideres sociales, mientras que en el mismo tiempo del año pasado las victimas fueron 42 personas.
El debate se dividirá en cuatro ejes: en el primero la Corte citó a organizaciones como Dejusticia, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección para que expongan la situación actual de protección a la vida y la integridad de los lideres sociales.
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El segundo eje se centrará en las medidas adoptadas por el Estado para proteger a esa población; para esto están citados los ministerios de Interior y Hacienda, la Procuraduría y otras organizaciones.
La Federación Colombiana de Municipios, Gobernación del departamento del Cauca, la Fiscalía General de la Nación y otras entidades deberán explicarle a la Corte la efectividad de las rutas de protección y medidas para proteger la vida de los lideres sociales en el tercer eje.
Mientras que en el cuarto y último eje, la Misión de Verificación de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONG Human Rights Watch están citados para exponerle a la Corte todo lo relacionado con la garantía de protección a la vida y a la integridad de los lideres sociales acorde con el Acuerdo Final para la Paz.
