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La Fiscalía General pidió dictar medida de aseguramiento y enviar a prisión, al general retirado, Jorge Romero Pinzón, señalado de hacer parte de una red de corrupción que se apropió de millonarios recursos de contratos de la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, Antioquia.
La fiscal tercera delegada ante la Corte, aseguró ante el Tribunal Superior de Bogotá, que el valor de los contratos comprometidos en este escándalo superan los 3.296 millones de pesos y estaban relacionados con diferentes fines para atender necesidades de la brigada.
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Según la fiscal, las pruebas que pesan contra el oficial en retiro son contundentes, porque son de orden documental, técnico y testimonial.
De acuerdo con la Fiscalía, en desarrollo de las labores de investigación, se practicaron más de 60 mil interceptaciones telefónicas de las cuales se depuraron un total de 300 grabaciones, consideradas como relevantes para este proceso penal.
La Fiscalía hizo relación a Samir Fernando García, Jaime Alberto Ramírez y Gerly Cabrera, como los tres contratistas con los cuales el general Romero habría llevado a cabo las actividades contractuales irregulares, detectadas hasta este momento.
De acuerdo con uno de los testigos, en algunos de los casos detectados, el contratista implicado prestaba la plata antes de la adjudicación de los millonarios contratos.
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Posterior a ello se realizaba todo el proceso de licitación en el que accedía a los contratos quien había anticipado el giro de los dineros requeridos en un comienzo.
Esta practica delincuencial fue evidenciada con contratos que ganó la empresa de Samir Fernando García y Ana Lucía Posada - ambos capturados - quienes, además de quedarse con contratos para el suministro de alimentos, no entregaban todos los elementos contratados.
En una de las grabaciones de las grabaciones se escucha a dos de los implicados con este caso, refiriéndose a Samir Fernando García como una de los contratistas clave para los fines corruptos de esta organización, de la cual hacían parte otros oficiales activos y retirados de la brigada.
[19:09, 9/8/2019] Karen Ortiz: AUDIO [19:10, 9/8/2019] Karen Ortiz:
Primera grabación
En una segunda grabación telefónica, descubierta por la Fiscalía, se evidencia cómo un supuesto delegado del general (r) Romero, intimida a uno de los implicados en la organización y hoy testigo de la Fiscalía, para que no revelara a la justicia los graves hechos ocurridos.
Segunda grabación
La Fiscal del caso también señaló que los investigadores de policía judicial avanzan en las labores para rastrear otra serie de contratos que estarían viciados por actos irregulares, pero que fueron desaparecidos de la brigada por los miembros de la red de corrupción.
La investigadora del proceso indicó que la necesidad de enviar a prisión al general Romero se justifica en que representa un peligro para la comunidad, y en que podría obstruir la justicia, destruir los elementos de prueba e influenciar a los testigos.
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