La FM en Google News
Un juez de Bogotá declaró legal las capturas del contratista Emilio Tapia (condenado por el escándalo del carrusel de contratos en Bogotá); Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados y Juan José Laverde, directivo de Rave Agencia de Seguros, por su presunta responsabilidad en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de las TIC y la Unión temporal, para llevar internet a más de 14.000 colegios en todo el territorio nacional.
La fiscal especializada Andrea Muñoz, aseguró ante el juez de control de garantías que fueron incautados computadores, celulares, documentos y otra serie de pruebas que demostrarían que los tres primeros capturados por este caso, falsificaron la garantía bancaria del anticipo de más de 70 mil millones de pesos entregado a Centros Poblados.
"Dentro del marco de esa licitación, se pudo establecer que los señores Emilio José Tapia Aladana, Juan José Laverde y Jorge Enrique López Benavidez (quien no se encuentra en la audiencia), falsificaron el documento privado denominado garantía bancaria de fecha 28 de octubre de 2020, suscrito por Luis Fernando Duque y los supuestos funcionarios del Banco Itaú", dijo la fiscal delegada.
Le puede interesar: Joven que presuntamente ordenó el asesinato de su padre fue enviado a la cárcel
De acuerdo con la Fiscalía, las evidencias recolectadas permitieron demostrar que los capturados con este documento falsificado, indujeron en error a los funcionarios Sandra Orjuela, subdirectora de gestión contractual y evaluadora jurídica del MinTIC y Adriana Vanesa Mesa Consuegra como secretaria general, en el marco de ese proceso de licitación pública.
Ante los hechos investigados, la Fiscalía les formuló imputación de cargos a los detenidos como presuntos responsables de los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.
Lea además: Coronel y sargento fueron enviados a guarnición militar en proceso por tráfico de armas
Esa entidad les advirtió que de ser hallados responsables, se podrían enfrentar a una pena que podría oscilar entre los 6 y los 12 años de prisión por el delito de fraude procesal y que se podría incrementar por los cargos de falsedad en documento privado.
