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El Consejo de Estado se negó a acatar la orden de la Corte Constitucional en la que se establece que el tribunal administrativo será el órgano de cierre a las disputas por sanciones disciplinarias impartidas por la Procuraduría, contra funcionarios elegidos por voto popular.
Para algunos expertos, esto podría representar más que un simple choque de conceptos de magistrados de jurisdicciones constitucional y contenciosa administrativa, pues reconocieron como acertada la decisión de oponerse a la modificación de una ley que calificaron como “torpe”.
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“Considero acertada la decisión del Consejo de Estado porque la ley que le dio esas competencias fue un intento torpe del anterior Congreso con impulso de la Procuraduría, para darle facultades jurisdiccionales o de juez natural al organismo para sancionar a servidores elegidos por voto popular y cumplir con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló Fabian Villalobos, abogado experto en derecho administrativo.
Algunos abogados constitucionalistas consideran la medida del Consejo de Estado exagerada, puesse trata de una decisión que se tomó con el único objetivo de dar garantías a los derechos judiciales de cada investigado.
“Me parece que puede ser una decisión muy estricta, en el sentido de que hay distintos términos para distintas situaciones y en este caso se trata de dar una garantía judicial a los funcionarios que han sido elegidos popularmente para cumplir con las exigencias del derecho internacional”, señaló Juan Manuel Charry, quien fue conjuez de la Corte Constitucional.
Sin embargo, analistas políticos intentaron quitar peso a la determinación del Consejo de Estado, pues descartaron que se tratase de un choque de trenes, sino un simple concepto de magistrados.
“Por su parte, el Consejo de Estado solo está reconociendo la falta de técnica legislativa que el Tribunal Constitucional ha querido invalidar y no se trata necesariamente de un choque de trenes o de una ruptura entre tribunales. Es simplemente un pronunciamiento del organismo de cierre especializado,” señaló Juan Manuel Castellanos, analista político.
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En la sentencia, el tribunal administrativo señala que permitir la revisión automática o rogada de las decisiones disciplinarias, aumentaría la posibilidad de controvertir dichas determinaciones, por lo que los expertos aseguraron que ahora el Congreso deberá revisar esas competencias para establecer regulaciones que se ajusten al marco jurídico colombiano.
