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El exsenador Ciro Ramírez, aseguró que las acusaciones formuladas en su contra por supuestamente liderar el entramado de corrupción denominado como 'Las Marionetas 2.0' para direccionar millonarios contratos hacen parte de un montaje que se orquestó desde la cárcel.
"Aquí se han dicho muchas mentiras por parte de los testigos, han creado este montaje desde la cárcel con varias personas que estaban en la cárcel en ese momento y en el juicio lo demostraremos cómo se fraguó toda esta visita mía a la cárcel (...) es una de las razones de mi privación de la libertad", indicó el excongresista.
Así mismo, sostuvo: "Si yo estaba concertando y fui el líder de este entramado criminal, cómo no existe otro encuentro o llamada telefónica o charla o concertación para todo esto es que quiero demostrarlo. Estas son las circunstancias de modo tiempo y lugar por las cuales yo tuve una relación corta con el señor Pablo Herrera".
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El excongresista es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
Este proceso se relaciona con los hechos ocurridos entre 2021 y 2022, en torno a la presunta injerencia indebida del exsenador Ramírez en el Departamento de Prosperidad Social (DPS) para la contratación de obras públicas en varios departamentos del país.
Según las investigaciones, el 20 de diciembre de 2021 presuntamente se llevó a cabo una reunión entre el entonces senador Ciro Ramírez, Pablo César Herrera Correa gerente de la Empresa para el Desarrollo Territorial “Proyecta”, Pierre Eugenio García Jacquier, exsubdirector del DPS, en la que se acordó direccionar por medio de invitaciones privadas, al menos 13 de los contratos incluidos en un contrato interadministrativo cuyo valor ascendió a más de 24.600 millones de pesos.
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De acuerdo con las investigaciones, el propósito principal de ese plan criminal, diseñado y promovido por Ciro Ramírez y García Jacquier, pretendió afianzar el proyecto político del exsenador en los departamentos de Quindío, Caldas, Santander y Tolima, bajo el pago de dádivas que ascenderían los 1.000 millones de pesos.
