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Por una tutela presentada por 36 privados de la libertad, la Corte Constitucional nuevamente alertó sobre la crisis de hacinamiento y malas condiciones en las que viven los recluidos en la cárcel La Picota.
Los problemas por los que se quejaron los privados de la libertad iniciaron desde el 2020 con la pandemia de la COVID-19, pues aseguraban que no tenían condiciones para evitar el contagio.
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En la denuncia, resaltaron que no se implementaron las medidas que fueron ordenadas por el Gobierno Nacional.
“Adujeron que no hay condiciones mínimas de bioseguridad, agua potable para bañarse las manos de manera regular, tapabocas, desinfectantes, antibacteriales, ni las mínimas medidas sanitarias. Indicaron que en las cárceles del país no se tomaron medidas preventivas, ni de fondo para evitar una tragedia”, resaltaron en la demanda.
Alimentación, servicios sanitarios, atención médica y hacinamiento fueron algunos de los hechos denunciados ante la Corte por las personas al interior del centro de reclusión.
Esta tutela fue enviada al Inpec y a la dirección de La Picota, en donde informaron que durante el 2020, la cárcel presentó casi 3.500 “bajas”, entre las que destacaron 154 fallecimientos al interior del centro penitenciario.
Por las denuncias, los magistrados de la Sala de revisión, enviaron copias del caso a la Fiscalía para que inicie la investigación penal sobre supuestos malos tratos y obstáculos de funcionarios para la distribución de los alimentos.
Además, “ordenará al INPEC que inicie las investigaciones disciplinarias pertinentes respecto a las presuntas obstaculizaciones en el proceso de distribución de los alimentos a los privados de la libertad”.
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Los magistrados hicieron énfasis en el seguimiento hecho por la Corte al Estado de Cosas Inconstitucionales al interior de los centros de reclusión, por lo que resaltó que debe ser tarea de las autoridades carcelarias el garantizar los derechos de los privados de la libertad.
