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El exsenador Bernardo Elías Vidal conocido como el 'Ñoño’ aceptó cargos por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, en el marco del escándalo de sobornos de la multinacional brasilera Odebrecht.
Ante la Corte Suprema de Justicia, el exsenador decidió acogerse a una sentencia anticipada a cambio de una rebaja de la condena que será impuesta en su contra.
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El excongresista hacía parte de la Comisión Tercera del Senado, encargada de debatir los asuntos relacionados con los proyectos de presupuesto de rentas y gastos de la Nación, entre los cuales están los de obras de infraestructura.
Según los hechos, su función a favor de Odebrecht fue lograr la adjudicación del tramo dos de la Ruta del Sol a través de un contrato de estabilidad jurídica.
Los hechos señalan que ese contrato tenía como fin mantener la garantías que la Nación otorga al inversionista de que se continuará aplicando la normatividad por el término del contrato.
Por esa gestión, Odebrecht acordó pagar una coima de cuatro mil millones a través de Otto Nicolas Bula, que fueron desembolsados a través de una empresa extranjera que transfirió el dinero a una cuenta en el país.
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Se entregaron cheques en blanco a Bula, quien los cobró, unos en forma personal y otros utilizando a terceras personas, como José Ignacio Burgos, entonces integrante de la UTL del ‘Ñoño Elías’, quien finalmente recibió parte de los dineros.
Elías también uso sus influencias políticas ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que le fuera asignado a Odebrecht la construcción y mejoramiento del corredor vial Ocaña -Gamarra a través de la adición de un contrato en el 2014 y la entrega del proyecto de recuperación de navegabilidad del Río Magdalena (Navelena).
Por esas ayudas, Odebrecht acordó como coima el pago del 4% del valor del contrato que se dividió así: 2% para ñoño Elías; el 1% para otro congresista; el 0.5% para Otto Bulla y el restante 0,5% para Federico Gaviria.
La investigación inició por una denuncia formulada por la Unión de Veedurías Nacionales que pidió investigar los hechos según los cuales, entre los años 2000 a 2016, directivos de la multinacional se asociaron con funcionarios públicos, entre ellos congresistas, con el fin de obtener la adjudicación de contratos de obras viales a cambio del pago de sobornos.
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“Dentro de sus estrategias estaba la cooptación de servidores públicos que tuvieran la capacidad de influir en las decisiones sobre la adjudicación de los contratos”, sostuvo la magistrada Blanca Barreto.
Según los hechos, las personas que se vincularan debían intervenir en operaciones orientadas a dar vistos de legalidad a los dineros pagados a titulo de soborno u ocultar origen y destino
“La multinacional requería la participación de personas que les permitiera implementar en el país su política de acceso ilegal a la contratación de obras públicas”, leyó la magistrada.
