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En el marco de la primera sentencia dictada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el último secretariado de las extintas FARC-EP, por delitos de secuestro, Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, planteó desafíos concretos que la ciudad debe afrontar para cumplir con lo ordenado.
La consejera describe la sentencia como un acto simbólico de reconocimiento.
“Presentamos un compromiso: nunca más. Nunca más el secuestro como herramienta de guerra. Nunca más el cuerpo y la vida usados como moneda. Nunca más el silencio ante el sufrimiento”.
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La consejera advierte que, si Bogotá será sede de varios proyectos restaurativos ordenados por la JEP, es indispensable que estos planes se implementen con claridad técnica y normativa. En sus palabras: “Debe haber claridad en la forma en la que se materializarán los proyectos restaurativos y cómo operará en la práctica la restricción efectiva de derechos”.
Entre los principales interrogantes que trae la implementación de la sentencia están: "la territorialización del cumplimiento, ¿cuáles serán los límites geográficos dentro de la ciudad para la restricción de derechos?, la garantía de consulta con las víctimas que la norma exige socializar los proyectos en el territorio y la seguridad para las personas sancionadas que deban cumplir restricciones de movilidad.
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Para Mercado, estos retos no pueden recaer solo en las alcaldías locales; se necesita “el compromiso real del Gobierno Nacional y de un mayor desarrollo de la JEP sobre la forma como estas sanciones deben cumplirse”.
En su balance, la consejera recuerda que Bogotá tiene la responsabilidad de acoger las demandas de víctimas y trabajar para que los proyectos restaurativos no sean meros anuncios sino intervenciones con impacto tangible en la reparación y reconciliación.
