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En un documento de 245 páginas, la Fiscalía General le solicitó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejar en firme la condena de 17 años de prisión en contra del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leyva, por su participación y responsabilidad en el escándalo del programa de Agro Ingreso Seguro (AIS).
En la petición, firmada por el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, se señala que en el juicio que se adelantó contra el exministro -y que finalizó en 2014- se probó la participación directa de Arias Leyva en las irregularidades del programa que buscaba apoyar a los pequeños y medianos agricultores frente a la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.
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En el extenso documento, el delegado del ente investigador indicó que Arias Leyva tuvo conocimiento directo que varios de los subsidios entregados por el programa habían llegado a manos de grandes empresarios de la Costa.
Igualmente, conoció que muchos de ellos habían "fraccionado" los predios para recibir las ayudas de manera irregular por parte del Ministerio de Agricultura y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
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Para la Fiscalía General, en el fallo emitido en septiembre de 2014 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (con la ponencia de la magistrada María del Rosario González) se valoraron todos los elementos materiales de prueba y se determinó la responsabilidad penal de Arias.
Se señala además que el monto de la condena fue el adecuado puesto que se tuvieron en cuenta los agravantes, la preparación académica del procesado y el cargo que ocupaba.
“Le solicito a la Sala de Decisión mantener la pena en los términos y condiciones establecidos en el fallo impugnado, frente a la evidencia que en ese proceso no se incurrió en error o desconocimiento de garantías”, precisa un de los apartes de la petición.
El ente acusador sostiene en su petición que la Sala Penal hizo "un análisis sobre la coparticipación criminal con la que habían actuado Arias Leiva, los funcionarios a su cargo, los funcionarios del IICA y los beneficiarios, quedando así demostrada la segunda circunstancias de mayor punibilidad que le fuere cuestionada al doctor Andrés Felipe Arias".
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En otro de los apartes de la solicitud se señala que siendo el Ministro estaba al tanto de todo lo relacionado con el que era considerado el programa bandera de la cartera de Desarrollo Rural y la ejecución de los contratos firmados con el IICA para la entrega de subsidios para ayudar a los agricultores con labores de riego y drenaje para mejorar la productividad.
"La Sala concluyó que debido a su cargo de ministro de Agricultura y a la autoridad que ejercía en la cartera, conoció y estuvo al tanto de los procesos contractuales que se celebraron para la ejecución del programa AIS", señala.
El exministro de Agricultura se encuentra actualmente privado de su libertad en la Escuela de Caballería en Bogotá. En 2015 fue sentenciado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por su responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros.
En la acusación, leía en 2011 por la entonces fiscal General, Viviane Morales, se resalta que Andrés Felipe Arias, como ministro de Agricultura, debía velar por el cumplimiento de los convenios como 003 de 2007, 055 de 2008 y 052 de 2009, los cuales fijaban un desembolso cercano a los 280 mil millones de pesos en subsidios.
Morales indicó que este programa había sido utilizado por Arias con el fin de beneficiar a empresarios con el fin de garantizar su apoyo a su candidatura presidencial para las elecciones de 2010.
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