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La Fiscalía General dejó en claro que el ente ha actuado con estricta sujeción a los principios, normas constitucionales y procesales que se erigen como garantía de los derechos fundamentales de las diferentes partes del proceso adelantado contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez por supuesto soborno de testigos.
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Esta respuesta se presenta en una carta de 14 páginas firmada el 19 de marzo por el director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General, Carlos Alberto Saboyá González, a pocos días que el fiscal Gabriel Jaimes, acuda ante un juez de control de garantías de Bogotá para pedir la preclusión del caso contra el expresidente.
En la misiva, la Fiscalía es categórica en señalar que "no existe fundamento alguno para afirmar que haya impunidad, un desconocimiento de los medios de convicción o una desviación de la investigación, tras pedir que se precluya el proceso".
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Esta carta se da como respuesta a la petición formulada el pasado 17 de febrero por un grupo de ciudadanos quienes le reclamaron al fiscal General, Francisco Barbosa, ofrecer plenas y reales garantías en la actual etapa procesal y que sus delegados observaran el principio de no impunidad.
Según los investigadores, en este caso se ha actuado amparados en el principio de autonomía e independencia que rigen la misión y funciones de los fiscales delegados.
"La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado que la independencia judicial es una garantía que debe desarrollarse sin ceder a presiones de ningún tipo", señaló la Fiscalía.
De igual forma, la Fiscalía indicó que las decisiones y acciones adoptadas en este proceso han estado amparadas en los principios de imparcialidad, legalidad, publicidad, transparencia, objetividad, y el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia.
