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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia comenzó los trámites administrativos y legales para hacer efectiva la entrega a la Fiscalía General de los procesos que se siguen contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, por su supuesta responsabilidad en varias masacres cometidas en el departamento de Antioquia.
Este trámite se relaciona con las indagaciones preliminares adelantadas contra el expresidente Uribepor los casos de las masacres de El Aro, San Roque y la Granja, así como por el homicidio del defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle.
De acuerdo con los registros judiciales se trata de graves hechos cometidos por los extintos grupos paramilitares, cuando Álvaro Uribe se desempeñó como Gobernador del departamento de Antioquia.
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En desarrollo de la indagación preliminar adelantada por la Corte Suprema de Justcia, el ex senador Álvaro Uribe fue citado a rendir una versión libre.
No obstante, en atención a que Uribe Vélez renunció al cargo de Senador de la República, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema perdió competencia para seguir adelante con la investigación penal y ordenó la remisión de los expedientes a la Fiscalía General.
Estos casos, se suman al proceso por presunto soborno de testigos contra Uribe Vélez que también fue trasladado a la Fiscalía.
Los procesos sobre las masacres y la muerte del defensor de Derechos Humanos se espera que también sean asumidos por el fiscal jefe de la Unidad Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia Gabriel Jaimes, quien deberá indagar si el expresidente tuvo o no algún tipo de responsabilidad en los homicidios cometidos en el año 2018, los cuales fueron declarados crímenes de lesa humanidad.
En su momento la investigación de la Sala de Instrucción estaba orientada a investigar la presunta conformación, promoción o financiación a mediados de los años 90 de una organización armada al margen de la ley, que delinquió en el nordeste del departamento de Antioquia.
Según las investigaciones, esa organización presuntamente habría usado como base para delinquir la Hacienda Guacharacas, que en la época era de propiedad de los Uribe Vélez y estaba ubicada en los municipios de Yolombó y San Roque (Antioquia).
A esta estructura armada se le atribuye supuestamente perpetrar ataques contra la población civil del municipio de San Roque, así como las masacres ocurridas el 13 de julio y el 17 de septiembre de 1996.
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Igualmente, se indaga su supuesta intervención como Gobernador de Antioquia en graves hechos cometidos contra la población de Ituango (Antioquia) tras la comisión de las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en 1996 y 1997.
Otro proceso que pasa a conocimiento de la Fiscalía, es la indagación por el asesinato del defensor de Derechos Humanos Jesús Maria Valle, perpetrado el 27 de febrero de 1998 en Medellín.
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