Tratamiento especial para militares en la JEP podría ser tumbado por Corte Constitucional

Los magistrados que se reúnen este miércoles en la sala plena de la Corte Constitucional, revisarán la polémica ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), demanda en los dos artículos que fueron adicionados por miembros del Centro Democrático, relacionada con el trato diferenciado para los militares y la prohibición para practica de pruebas en procesos de extradición.

El tema se encuentra en el punto cinco del orden del día y desde ya se presumen divisiones ya que algunos de los magistrados prefieren adelantarse con la decisión, antes de que el presidente Iván Duque (quien tiene plazo hasta el próximo lunes para definir ese tema), anuncie las objeciones a la ley estatutaria, mientras otros prefieren esperar la decisión del Gobierno.

RCN Radio conoció que la sala estaría encaminada a tumbar los artículos que fueron introducidos por el Centro Democrático y demandados por la Comisión Colombiana de Juristas y la corporación Dejusticia.

Le puede interesar: Human Rights Watch y ONU, en desacuerdo con trato diferenciado a militares en JEP

Esto significaría que la Corte no le daría visto bueno al tratamiento especial y diferenciado de los militares que se acojan a la JEP y tampoco pasarían las restricciones para el estudio que haga esa jurisdicción sobre los pedidos de extradición.

Esos artículos recibieron bastantes críticas por organismos internacionales como The Human Right Watch (HRW) y la ONU.

Lea más: Procuraduría pide tumbar trato diferencial para los militares en la JEP

Sobre este tema, cabe mencionar que José Miguel Vivanco, direcxtor ejecutivo de HRW, argumentó que tal cual como está la norma, puede desmejorar las posibilidades de justicia para crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Por su parte, Alberto Brunori, representante de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, señaló que las normas eran “contrarias a las obligaciones internacionales del Estado Colombiano de investigar, juzgar, y sancionar las graves violaciones de los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.