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En todo un misterio se ha convertido la identidad de Maximiliano Zapata Villamarín, uno de los hombres más mencionados por las supuestas interceptaciones ilegales y seguimientos que se adelantaron desde la Fiscalía General contra un grupo de personas, entre ellos los negociadores del Gobierno en el proceso de paz,
Poco o nada se sabe de Zapata Villamarín, quien fue uno de los denunciantes de estas acciones ilegales, puesto que su nombre no aparece en la Registraduría Nacional, nadie tiene su número de contacto y parece que nadie lo ha visto.
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Sin embargo, su denuncia fue clave para que en un hecho sin precedentes la Procuraduría General y el Consejo Superior de la Judicatura realizaran una inspección al búnker de la Fiscalía General el pasado 19 de noviembre para recolectar elementos de las salas de interceptación y realizar copias espejo de varios procesos trascendentales.
Dicha diligencia fue suspendida por orden del vicefiscal General (e) Jaime Camacho, quien señaló que el Ministerio Público y el alto tribunal no podían realizar esta inspección y mucho menos realizar la copia de estos expedientes en el marco de la investigación disciplinaria que se adelanta contra dos fiscales.
Y es que todos los procesos que la delegación iba a recolectar –caso Hyundai, Odebrecht y el supuesto pago de sobornos en la investigación que se le adelanta senador Álvaro Uribe Vélez- tenían un factor común, las investigaciones eran adelantadas por el fiscal delegado ante el Tribunal Superior, Daniel Hernández y su delegado de apoyo Álvaro Betancourt.
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Antes de fijar una nueva inspección, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura tomó la decisión de citar para el próximo viernes 5 de diciembre a declarar a Maximiliano Zapata Villamarín para que amplíe su denuncia bajo la gravedad de juramento, entregue nuevos datos y, principalmente, revele su identidad.
Fuentes cercanas a la Fiscalía General le indicaron a RCN Radio que si no se puede evidenciar la existencia física del denunciante cualquier tipo de diligencia que se adelante basada en su denuncia será nula puesto que le “estaría creyendo a un fantasma”.
Tanto en su denuncia como en la queja disciplinaria que presentó Zapata Villamarín se señala que los fiscales Hernández y Betancourt habrían ordenado la interceptación de telecomunicaciones a través de la plataforma Esperanza de manera ilegal, puesto que habrían conseguido la autorización engañando a los jueces de control de garantías.
En las acciones que presentó mencionó cinco procesos, sin embargo, tras hacer una revisión de los datos que entregó se señaló que estaban incompletos, por ejemplo, en los números de radicación no tenían los cinco números finales.
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El pasado lunes, la Fiscalía relevó de los casos de la red de “chuzadas” en las que estarían involucrados varios oficiales de la Fuerza Pública los dos fiscales señalados de las investigaciones que adelantaban hasta que se tome una decisión de fondo en la investigación penal que solicitaron los propios delegados del ente investigador.
En la petición presentada el pasado viernes, los fiscales Hernández y Betancourt solicitaron al fiscal General (e) que se les investigue tras conocerse las declaraciones que se han hecho en su contra.
Igualmente, para adelantar las respectivas investigaciones, se citarán a declarar a los exfiscales Luis Carlos Gómez Góngora y Fabio Martínez Lugo.
