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El procurador Fernando Carrillo anunció el comienzo de averiguaciones para establecer la posible relación de los miembros de la Fuerza Pública con organizaciones crimínales, en los asesinatos de líderes sociales en el país.
Para Carrillo existe una “cooptación de los agentes del Estado por organizaciones criminales que están eliminando a los líderes sociales" de forma sistemática.
Además, hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores "para que asuman la responsabilidad en la protección de la vida de los líderes sociales".
También convocó a la ciudadanía para denunciar cualquier tipo de irregularidad, "si conocen de alguna relación entre funcionarios del Estado en cualquier nivel y agentes de la Fuerza pública involucrados en los asesinatos de los líderes sociales".
El Procurador dijo que a pesar de que el Gobierno ha hecho esfuerzos para combatir el flagelo, falta comunicación con las comunidades. "Este tipo de diálogo no se puede hacer desde la Casa de Nariño. Hay que hacerlo en los territorios, con las comunidades", puntualizó Carrillo, al señalar que hay que poner en marcha los sistemas de seguridad colectiva.
"Hay que fortalecer la guardia indígena, la guardia de las comunidades con los entes de seguridad del Estado como el fortalecimiento de la UNP (Unidad Nacional de Protección)", insistió.
Medidas adoptadas por el Gobierno
Durante la reunión de la Comisión de Garantías, convocada de urgencia por el Gobierno Nacional, las autoridades presentaron una radiografía de las amenazas y muertes de líderes sociales que se han presentado en el territorio nacional.
Según los datos suministrados por la Fiscalía durante la reunión, se han presentado 67 homicidios de excombatientes de las Farc en los últimos dos años. Van 35 casos en 2018 y fueron 32 en 2017. De esos episodios se han esclarecido 29 asesinatos. Ninguno que actualmente tenga medidas de protección ha sido víctima.
También se ha informado que en los últimos tres años han ocurrido 181 homicidios de líderes sociales, de los cuales se han esclarecido 89.
Al término de la reunión, el presidente Juan Manuel Santos anunció ocho medidas de choque para evitar que más defensores de derechos humanos sigan siendo asesinados.
Santos también ordenó al Ministerio de Defensa la intervención urgente por 30 días de ocho departamentos, tras identificar que son los más afectados por el asesinato de líderes sociales.
Se trata de los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle, Risaralda, Nariño, Córdoba y Chocó, en los cuales buscarán atender a la población y evitar que se sigan presentando crímenes contra los líderes y defensores de derechos humanos.
