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El Tribunal Superior de Bogotá ordenó a Findeter que facilite a la defensa del excandidato presidencial y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, una serie de práctica de varias pruebas que considera relevantes para el juicio que se adelanta en su contra por presuntas irregularidades en un millonario contrato de empréstito.
“La documentación que se está solicitando tiene relación directa con la celebración del contrato número SF140013 del 5 de diciembre de 2013, de ahí la pertinencia y conducencia que se vislumbra frente a este medio de prueba”, indicó el magistrado del Tribunal que conoció el caso.
El tribunal concluyó que la actividad probatoria de la defensa se materializa con la presentación del escrito de acusación y habilita su derecho a la contradicción.
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“Esa facultad de hacer esa búsqueda selectiva en base de datos ha sido desarrollada por la Corte Constitucional que ha establecido que la defensa no puede ver entorpecida su actividad frente a posturas de terceros sean entidades públicas o privadas y para eso se ha creado la figura del juez de control de garantías", sostuvo.
Estas pruebas fueron solicitadas por la defensa y será la Corte Suprema de Justicia la que en audiencia preparatoria defina si las admite como pruebas para el juicio en contra del exgobernador Fajardo quien fue acusado como presunto autor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Los hechos investigados se dieron cuando Fajardo era gobernador del departamento, el 5 de diciembre de 2013. "Se suscribió cuando era ordenador del gasto, firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito. Dicho contrato implicó el desembolso de 77 millones de dólares para realizar sustitución de deudas con otros bancos", indicó la Fiscalía.
La Fiscalía aseguró que estos hallazgos llevaron a un presunto detrimento fiscal porque, al momento del desembolso, el dólar costaba 1.926 pesos colombianos, pero en 2015 ya superaba los 3.140 pesos.
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"Los análisis técnicos, financieros y jurídicos de la Policía judicial evidenciaron que no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera”, indica el expediente de la Fiscalía.
Los investigadores establecieron que en este caso tampoco existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario.
