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La Fiscalía General de la Nación investiga lo que sería un nuevo escándalo en la Rama Judicial, que podría considerarse como el ‘cartel de la toga 2.0’, en el que se estarían ofreciendo elevadas sumas de dinero para garantizar fallos, incluso en altos tribunales como el Consejo de Estado.
El caso que prendió las alarmas de la Fiscalía tiene que ver con el magistrado del Tribunal de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista, a quien señaló de traficar con fallos judiciales a cambio de fuertes sumas de dinero.
En contra del funcionario se solicitó, por parte de la Fiscalía, que sea enviado a prisión, por medio de una medida de aseguramiento.
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El viernes de esta semana, durante las audiencias que se llevan a cabo en el Tribunal Superior de Bogotá, en contra de Vargas Bautista, se conoció un nuevo capítulo en medio de ese proceso por corrupción judicial.
En ese sentido, la Fiscalía puso de presente varias pruebas, entre ellas una interceptación telefónica en la que se menciona que se debía pagar 3 mil millones de pesos para que la decisión, en segunda instancia en el Consejo de Estado, saliera acorde a las decisiones de particulares y en contra del Distrito, en el caso del humedal Jaboque.
El fiscal del caso explicó que en la llamada aparecen dos personas: Una de ellas es Jorge Cortés, quien se hacía pasar en la conversación como falso propietario del humedal Jaboque, y el segundo en la escena es Fernando Trevilcock, abogado que menciona que la decisión de segunda instancia en el Consejo sobre el humedal no había salido, al argumentar que pedían 3.000 millones de pesos.
“No se limitaba a lo que se pudiera hacer, por parte del trámite procesal y las decisiones de los procesos del magistrado Vargas, si no que prometían o vendían unos resultados y hay elementos desde los cuales se puede inferir que, incluso, se buscaba que en las instancias superiores, en este caso en el Consejo de Estado, se adoptaran las decisiones que convenían a las personas que le les vendían los servicios”, sostuvo el fiscal del caso.
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La Fiscalía señala que la conducta ilegal del magistrado del Tribunal de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista, advierte sobre una organización criminal de funcionarios judiciales, para manipular procesos que cursaban en esa entidad desde 2012.
La investigación de la Fiscalía General de la Nación se concentra en la determinación que fue adoptada en el 2014, en un fallo en el que se “condenó al Distrito a pagar 32 millones de dólares de reparación directa por negarse a comprarle el humedal a un particular, pese a que este terreno ya pertenecía a la ciudad”.
Asimismo, durante la reconstrucción de los hechos materia de judicialización en contra del magistrado, las autoridades afirmaron que existiría el material probatorio para establecer que Vargas Bautista habría recibió dinero para emitir decisiones desde su despacho.
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