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Hace más de dos meses la zona norte de La Guajira fue epicentro del primer ejercicio bilateral entre militares de Estado Unidos y de Colombia, en ese sentido, el abogado Amando Pérez Araujo, presentó ante juez una acción de tutela contra el presidente Iván Duque.
El recurso argumentaba que la presencia de militares del país norteamericano suponían riesgos en la garantía de los derechos a la vida, la integridad personal, la salud y el respeto territorial del pueblo Wayuú, teniendo en cuenta la cercanía del lugar donde permanecían los militares a la frontera con Venezuela y considerando el conflicto entre los presidentes Donald Trump y Nicolás Maduro.
“Se ha venido dando una serie de rifi rafes públicos por razones que tienen que ver con intervenciones de Duque y su gobierno en procesos internos de Venezuela, para forzar la salida de Maduro del poder, lo que podría desencadenar una eventual confrontación en esta zona de frontera y los más afectados seríamos quienes vivimos aquí; por eso a través de esta acción, buscamos modificar o cancelar cualquier autorización de presencia de tropas norteamericanas en nuestro territorio”, argumentó el jurista.
Sin embargo, la acción de tutela fue negada en primera instancia por un juez, quien argumentó que la tesis del abogado carece de legitimación al no acreditarse la calidad de agente oficioso del actor y al tener como sustento la presunta vulneración de derechos constitucionales “en base a hechos futuros e inciertos”.
Luego de interpuesto el recurso de apelación, la tutela fue revisada por el magistrado Jaime Antonio Móvil Melo quien sugirió que este mecanismo se emplea para solicitar la protección de los derechos fundamentales y no los colectivos.
En dialogo con RCN Radio el baogado Amando Pérez Araujo, cuestionó la decisión del sistema judicial, considerando que quienes se verían afectados antes posibles acciones militares, son principalmente niños y adultos mayores que no están en capacidad de defenderse.
“Al juez que le correspondió la tutela dijo que yo no lo podía hacer porque no estaba acreditado, algo supremamente grave porque la ley establece que en estos casos si procede agente oficioso y más por tratarse de indígenas; de otro lado los argumentos del magistrado no son justificables, el derecho más fundamental es la vida y es el que estamos reclamando. Yo noto es que lo que tienen los jueces es miedo de tomar una decisión firme y seria y para que no los regañen toman decisiones absurdas”, añadió Pérez Araujo.
