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El Consejo de Estado negó una demanda en la que habitantes de la región del Urabá le exigían a la Nación un monto superior a los 158.000 millones de pesos, a raíz del desplazamiento forzado del que fueron víctimas, entre los años de 1980 y 2000.
De acuerdo con el fallo del Consejo de Estado, no se demostró que el grupo demandante reuniera las condiciones necesarias para demostrar una misma causa común, teniendo en cuenta que cada familia que resultó víctima se produjo en fechas y circunstancias distintas.
“El alto tribunal confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, proferida el 20 de febrero del 2019, según la cual, la parte demandante no acreditó que los miembros que conformaban el grupo accionante reunieran condiciones uniformes respecto de una misma causa común, pues el supuesto daño de cada grupo familiar se originó en circunstancias y fechas distintas”, indicó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
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En su momento, el Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó que no existían aspectos de hecho o de derecho comunes entre todos los miembros del grupo, que permitieran una misma decisión con efectos frente a todos.
Los delegados de la Agencia Jurídica prestaron el respectivo apoyo judicial a las entidades de la Nación que fueron demandadas en este proceso.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, no se allegaron medios de prueba que permitieran establecer criterios para determinar los presupuestos básicos de las personas relacionadas en la demanda como su calidad de desplazado por una incursión paramilitar, su residencia en el lugar donde ocurrió la incursión subversiva y que a la fecha de los hechos ejercían algún tipo de actividad económica o tenían algún tipo de activo en los territorios afectados.
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“Este éxito procesal es un claro ejemplo de la articulada coordinación interinstitucional que existe entre la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y las entidades públicas para una mejor defensa jurídica del Estado”, señaló la Agencia Jurídica.
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