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La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la libertad al suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria y ratificó la medida de aseguramiento que pesa en su contra por presuntas irregularidades en contratación, durante su anterior gestión en ese cargo.
Cabe mencionar que el proceso por el que está siendo investigado Anibal Gaviria, se relaciona con contratos para las obras de pavimentación y mantenimiento de un sector de la Troncal la Paz entre 2004 y 2007, cuando fue gobernador del departamento por primera vez.
La decisión fue adoptada por los magistrados de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia Jorge Emilio Caldas Vera, Blanca Nélida Barreto Ardila, Ariel Augusto Torres Rojas y Rodrigo Ortega Sánchez.
Cabe mencionar que en su momento, el suspendido gobernador fue capturado previa orden emitida por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien determinó llamarlo a juicio por las irregularidades en la actividad contractual derivada con ocasión de las obras de mantenimiento y pavimentación de un tramo de la Troncal la Paz, entre La Cruzada- Caucasia.
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Ante esta determinación. Gaviria deberá continuar privado de la libertad bajo detención domiciliaria, mientras avanza el juicio en su contra por la supuesta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
“La Sala considera que la medida de aseguramiento impuesta a Aníbal Gaviria Correa no sólo cumple con los fines constitucionales que le son propios, sino que también reúne los requisitos de proporcionalidad, lo cual no se ha logrado desvirtuar a través de los argumentos propuestos por la defensa (…)”, señalaron los magistrados.
De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, no es procedente tumbar la medida de aseguramiento argumentando como lo plantea la defensa, con otro fallo de ese tribunal sobre un proceso que se sigue contra un gobernador de otro departamento, ya que las premisas fácticas, jurídicas, probatorias, son independientes.
“Esta Sala no encuentra procedente la solicitud e la revocatoria de la medida de aseguramiento solicitada, al no existir prueba sobreviniente que permita inferir, de manera razonable, que han desaparecido los presupuestos fácticos o jurídicos tomados en consideración para imponer la detención preventiva, ejecutada domiciliariamente al procesado Anibal Gaviria Correa”, agregó la Corte.
El proceso
“El material de prueba da cuenta de anomalías en la firma del contrato 2005-CO-20-335, en la tramitación y suscripción del contrato adicional N° 1 y del otrosí 2; y de la probable apropiación en favor de terceros de recursos del anticipo, en hechos ocurridos durante el período como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007”, indicó en su llamado a juicio la Fiscalía General.
De acuerdo con los investigadores de esa entidad, el valor inicial de la contratación que compromete en este proceso al gobernador Aníbal Gaviria fue superior a los 41.633 millones de pesos.
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El fiscal delegado señaló que “la investigación da cuenta de que la licitación fijó un anticipo del 25% del valor básico del contrato; sin embargo, en la firma del contrato, el 22 de diciembre de 2005, se aumentó a 29%. Para el fiscal instructor, tal variación no tendría justificación técnica y correspondería a una modificación caprichosa”.
El proceso de juicio contra Gaviria Correa se adelantará ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta su fuero como gobernador.
