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La Procuraduría le puso la lupa al millonario contrato del Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que está en proceso de adjudicación y que busca ejecutar el programa de ‘Escuelas Potencia Digital’, en el que el oferente elegido deberá ofrecer servicios de internet para más de 3.000 escuelas en todo el país.
El organismo advierte que hay presuntas inconsistencias en el pliego de condiciones, debido a que estable los requisitos que deben de cumplir los proponentes con respecto a la capacidad de los punto de acceso inalámbricos para internet, pero según dice la Procuraduría, las especificaciones técnicas no coinciden con los requisitos y eso generaría una aparente modificación del pliego.
“El Ministerio público encuentra que con la aclaración presentada se genera un cambio significativo en los requisitos mínimos de los equipos solicitados para la prestación del servicio de internet en las entidades educativas, generando así, posiblemente, una nueva interpretación del pliego en su conjunto, y una presunta modificación de este”, asegura el documento.
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El procurador delegado, Marcio Melgosa, resaltó que algunos oferentes criticaron que el aparente cambio del pliego se haya hecho mediante la respuesta de una solicitud de aclaración de observaciones, por lo que alerta que esa modificación representaría una adensa fuera del plazo de ley, según el entendimiento de los concursantes y del organismo de control.
“Lo manifestado por los oferentes permite vislumbrar que la lectura integral del pliego de condiciones definitivo, se modificó por medio del documento de respuesta a observaciones, situación que lleva a entender la naturaleza del documento como una adenda, desde la perspectiva de los agentes del mercado participantes y la de este ente de control”, añade la carta.
Melgosa resalta que las modificaciones que se habrían hecho a través de la respuesta a las observaciones, tendrían un efecto en las condiciones económicas de los participantes, por lo que señala que, posiblemente, esa explicación, podría ser un mecanismo para la modificación de fondo del pliego.
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“Podría indicarse que no se trató simplemente de sanear aspectos formales, sino, posiblemente, también de modificar aspectos de fondo, en el entendido que los mismos, de manera implícita, conllevaron a modificaciones en las condiciones económicas para la participación en el proceso”, concluye el documento.
El organismo solicitó que el Ministerio informe cuáles son las explicaciones que hay con respecto a estas modificaciones, por lo que dio un plazo para que la entidad se pronuncie al respecto.
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