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El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reveló que tras ser interrogados por el juez del caso, los siete militares implicados en el abuso sexual de una niña de la comunidad embera chamí, en Risaralda, aceptaron los cargos imputados por los investigadores.
"Debo decirle al país que esas personas aceptaron cargos en la audiencia y reconocieron la tropelia de sus actos; no vamos a ceder un ápice en la defensa de los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes", indicó el fiscal Barbosa.
De igual forma, reveló que ante un juez de control de garantías la fiscal a cargo del caso le formuló cargos a seis de los soldados regulares implicados como coautores del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y un séptimo militar en calidad de cómplice.
Asimismo, ante la contundencia de las pruebas recolectadas la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario para este grupo de uniformados.
"A estas personas se les solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario ante la gravedad de los hechos, ya que estamos en presencia de una menor de edad, que además es perteneciente a la etnia embera katío", dijo el fiscal Barbosa.
El fiscal general destacó que estas decisiones fueron adoptadas tras un intenso trabajo logrado por los investigadores en menos de 72 horas en una labor coordinada con las diferentes autoridades de policía judicial.
"Se produjeron más de 40 actos de investigación en actos urgentes relacionados con este ilícito", afirmó el fiscal Barbosa.
En desarrollo de este proceso también se practicaron 25 entrevistas, entre ellas a la propia menor de trece años de edad perteneciente a una comunidad indígena en Apía (Risaralda) que fue víctima de grave caso.
Ante la gravedad de los hechos el caso fue asignado de manera inmediata al despacho de una fiscal de la Seccional del departamento de Risaralda, quien coordinó todos los actos urgentes de investigación, inspecciones judiciales y recolección de otros elementos de prueba.
La Fiscalía está a la espera de los resultados que entregue el Instituto Nacional de Medicina Legal en torno al examen médico legal práctica a la menor víctima de abuso sexual.
A través de un comunicado, el propio Comando de la Octava Brigada del Ejército señaló que este hecho se registró el pasado 22 de junio en el corregimiento Santa Cecilia en Pueblo Rico (Risaralda), por parte de varios uniformados pertenecientes al batallón San Mateo.
“En hechos que son materia de investigación, se tuvo conocimiento que, en horas de la tarde del 22 de junio de 2020, al parecer un grupo de Soldados, pertenecientes al Batallón San Mateo, estarían inmersos en un posible caso de abuso sexual al parecer con menor de edad, perteneciente al Resguardo indígena Embera Chamí”, dice uno de los apartes del documento divulgado por el Ejército Nacional.
El Ejército agregó también que “según información preliminar, el deplorable hecho fue colocado en conocimiento del comandante de la unidad por parte de un suboficial; de inmediato se puso en conocimiento de la autoridad competente, con el fin de constatar la situación denunciada e iniciar las acciones a que haya lugar, que permitan esclarecer los hechos y posibles responsables”.
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