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Una fiscal de la Seccional Caldas, judicializó a un mayor del Ejército por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir.
Se trata de Luis Alfonso Montes Rojas, oficial del batallón Ayacucho con sede en Manizales y quien estaría implicado en el abuso sexual de una subalterna en hechos que sucedieron la madrugada de este sábado 22 de julio en esa guarnición militar.
Dice la Fiscalía que según las investigaciones, el oficial habría departido con la soldado y otros uniformados en una discoteca del sector de El Cable de la capital caldense y que luego según un video, al retornar al batallón, el mayor habría aprovechado la soledad de la noche y del lugar para ingresar con ella a una de las habitaciones de la guarnición de la cual posteriormente salieron en la mañana.
Una versión similar fue la que entregó el padre de la víctima, quien fue la primera persona que denunció y narró que su hija de 18 años al parecer abandonó irregularmente esa guarnición acompañada de otra joven y del oficial, con rumbo a una discoteca de Manizales y que al día siguiente apareció en el cuarto del mayor con evidentes signos de violencia sexual.
La Octava Brigada del Ejército emitió esta semana un comunicado en el que anunció que separó del cargo al mayor Luis Alfonso Montes Rojas, oficial implicado en el presunto acceso carnal violento y aclaró que al tener conocimiento de la denuncia, la joven fue resguardada, protegida y trasladada a un centro hospitalario para su atención, y adicionalmente se les brindaron las garantías a los denunciantes para tomar las medidas legales pertinentes.
Posteriormente la Fiscalía inició la investigación por esos hechos y adelantó la primera audiencia. El ente acusador presentó al mayor Luis Alfonso Montes Rojas ante un Juez de control de Garantías que ordenó su libertad, sin embargo, lo mantendrá vinculado al proceso y con las restricciones de no acercarse a la presunta víctima y tampoco podrá salir del país. Montes Rojas no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía.
Entre tanto, para la directora de la fundación “Sin miedo a vivir libremente”, abogada Jenifer Cotacio que trabaja con mujeres víctimas de violencias, no basta con separar del cargo del oficial y aseguró que en el batallón deben implementar un programa de prevención de violencias, donde es evidente que no existe, por los antecedentes que conoce la comunidad.
El comunicado del ejército sobre el caso que habría ocurrido en el batallón Ayacucho, es el siguiente:
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- "Conocida la situación, se activó la ruta púrpura y la joven fue resguardada, protegida y trasladada a un centro hospitalario para su atención. Se le garantizaron los medios para hacer efectiva la denuncia".
- "Este comando facilitó y brindó toda la información requerida por la Fiscalía, Medicina Legal y Justicia Penal Militar, con el fin de contribuir a la investigación".
- Internamente se dio inicio a las diligencias previas de verificación, bajo los parámetros establecidos en la Ley 1862 del 2017".
- Sobre el presunto agresor, se ordenó el relevo inmediato de su cargo, como un mecanismo de transparencia, mientras se adelantan los procesos investigativos y una vez se conozcan las decisiones judiciales serán acatadas como corresponden".
- "Dando aplicación a la ruta de acompañamiento y de apoyo, se delegó un equipo interdisciplinario para brindar orientación e información a la familia sobre los mecanismos de protección integral y rutas para hacer efectivo los servicios disponibles para su atención".
- "La institución no tolera ningún acto de violencia que vaya en contra de cualquier ser humano, con mayor énfasis de los sujetos de especial protección constitucional".
