La FM en Google News
Martha Lucía Zamora renunció a su cargo como directora de Asuntos Jurídicos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de que la Fiscalía decidiera llamarla a juicio por supuestas irregularidades cometidas en su gestión.
Al ser consultada por RCN Radio, Zamora indicó que decidió renunciar porque “la JEP no se merece que le causen daño y ataques mediáticos por mi proceso”.
El expediente judicial contra Zamora se relaciona con el supuesto encubrimiento a varios exjefes de las Farc, señalados de abandonar los espacios territoriales.
Vea también: Los cambios propuestos a la Ley Estatutaria de la JEP
En su momento, el propio gobierno de Estados Unidos canceló la visa a Martha Lucía Zamora y a los contratistas July Milena Henríquez y Luis Ernesto Caicedo.
Según la Fiscalía, hay evidencias de que varios funcionarios de la JEP, presuntamente, fraguaron una suerte de falsedades y un eventual fraude procesal para encubrir el abandono de espacios territoriales de capacitación y reincorporación por parte de algunos lideres desmovilizados de las Farc.
En desarrollo de esta investigación, un grupo de agentes especiales del CTI llevó a cabo una inspección judicial a la sede de la JEP, para recolectar documentos y otros elementos que fueron incorporados como evidencias en el proceso.
En su momento, tras responder en interrogatorio, tanto Zamora como las contratistas negaron los señalamientos de la Fiscalía y argumentaron que todas las explicaciones las darían ante el investigador del caso.
Vea también: Procuraduría pide a la JEP dar vía libre a extradición de Jesús Santrich
Zamora también ha insistido en señalar que los funcionarios de este tribunal especial siempre han actuado con transparencia y con su deber. “Yo creo que (la JEP) es una institución absolutamente clara y transparente en donde todos sus integrantes han cumplido con su deber y sus funciones dentro del marco de la Constitución y la ley”, dijo en esa oportunidad.
En desarrollo de este proceso, la acusación de la Fiscalía se relaciona con los delitos de perturbación de actos oficiales, asesoramiento ilegal y abuso de función pública.
.jpeg)
