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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene lista la imputación contra el coronel en retiro Publio Hernán Mejía y otros 14 militares adscritos al Batallón La Popa de Valledupar por su presunta responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales registradas entre los años 2002 y 2005.
En el documento emitido por la Sala de Reconocimiento de la JEP se señala que existen pruebas docuementales y testimoniales que vinculan a los coroneles (r) Plubio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, así como 13 de sus subalternos por 120 asesinatos y 126 desapariciones forzadas.
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Dicho Batallón habría incurrido en varias maniobras para presentar a civiles ajenos al conflicto armado como integrantes de grupos guerrilleros abatidos en combate.
En la decisión, revelada por el diario El Espectador, se señala que el coronel Mejía creó una alianza con el frente Mártires del Cacique del Valle de Upa de las Autodefensas con el fin de asesinar a personas que eran señaladas de auxiliar o patrocinar a grupos guerrilleros en la región.
“La verdad, la doctrina que nos infundían era que todo lo que fuera guerrilla había que darlos de baja, como quien dice, no importa la forma”, resaltó uno de los militares cuyo testimonio es la base de la imputación.
En los próximos días la JEP notificará formalmente a todos los implicados en este caso, así como a las víctimas que fueron acreditadas en la audiencia que se adelantó en julio de 2019 y al delegado de la Procuraduría General.
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Los militares tendrán un tiempo para presentar solicitudes de aclaración al documento. Después de esto se fijará una audiencia en la cual se definirá si aceptan o no los cargos. De no aceptarlos serán llevados a juicio por parte de la Unidad de Investigación y Acusación.
En septiembre de 2013, un juez especializado de Bogotá condenó al coronel Mejía a 19 años de prisión por sus vínculos con grupos paramilitares y su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales entre los años 2003 y 2004.
En dicho fallo se concluyó que el oficial había tenido participación en la presentación irregular de bajas en combate. El fallo advierte que 23 personas fueron presentadas como integrantes de grupos ilegales abatidos en combate.
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