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La Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes recibió sendas peticiones de la Procuraduría y la Fiscalía para asumir los procesos que existan en contra de los hoy magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial, entre ellos el excontralor Juan Carlos Granados, quien ha sido investigado por el escándalo de Odebrecht.
En los documentos se deja claro que dado a que Granados y los demás integrantes de la Comisión de Disciplina son magistrados, la competencia para investigarlos le corresponde a la Comisión de Acusación del legislativo.
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Desde la Corte Suprema de Justicia, donde hay un proceso contra Granados por el escándalo de corrupción de la multinacional brasilera, señalan que la decisión para el enviar el expediente en su contra a la Comisión de Acusación se debe tomar en audiencia.
Es decir, las partes -en este caso la defensa del hoy magistrado, la Fiscalía y la Procuraduría-, son quienes deben solicitarle a la Corte Suprema enviar el proceso por competencia a la Comisión.
Fuentes de la Corte advierten que esa audiencia hubiera podido adelantarse este tres de febrero cuando estaba programada la acusación contra Granados; sin embargo, su abogado recién nombrado solicitó aplazamiento bajo el argumento de que acababa de conocer el proceso y no estaba preparado para la defensa técnica.
En ese caso, las fuentes explican que la Corte debe programar una nueva audiencia para escuchar a las partes y al abogado de Granados sobre las peticiones de enviar su proceso a la Comisión de Acusación de la Cámara.
No se descarta que la Fiscalía y la Procuraduría pidan ese traslado, dado que ya recibieron la petición del proceso, por parte de la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes.
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El proceso por presunta corrupción en su contra es por supuestamente intentar beneficiar a la multinacional Odebrecht cuando fue gobernador de Boyacá, entre 2012 y 2015, con la adjudicación de contratos en el departamento a cambio supuestamente de recibir millonarias sumas de dinero.
Sin embargo, el magistrado sostiene que el testigo y las pruebas que existen ya fueron desvirtuadas o desacreditadas en el proceso que se siguió en la Corte Suprema contra el exsenador Plinio Olano, quien fue absuelto de todos los cargos por el escándalo de corrupción.
Por esos cargos, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos en el 2018, ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencia de servidor publicó.
