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Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le negaron el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada al general retirado Mauricio Santoyo Velasco, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La decisión fue adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que concluyó que no fueron suficientes los aportes de verdad que realizó el oficial en retiro el pasado 21 de marzo en audiencia.
Así mismo, los magistrados de la JEP le dieron un ultimátum al general Santoyo para que amplíe sus aportes de verdad ante ese tribunal.
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“La Sala también le ordena ampliar por escrito de manera inmediata sus aportes de verdad como parte del seguimiento y evaluación de su régimen de condicionalidad. En caso de incumplir podría ser expulsado de esta Jurisdicción”, indicó la JEP.
Agregó que en la actualidad, el general retirado Mauricio Santoyo permanece con el beneficio de privación de la libertad en el Centro Especial de Reclusión de la Escuela de Postgrados de Policía 'Miguel Antonio Lleras Pizarro', que le fue concedido por la Jurisdicción Especial para la Paz.
“Impone el deber de contribuir con la verdad como condición sine qua non para recibir cualquier tipo de tratamiento especial53, sería contrario a los principios del Sistema conceder el beneficio solicitado por el señor brigadier general (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, más cuando el compareciente ha optado por guardar silencio y negar su participación en los hechos, situación que acarrea implicaciones dentro del marco jurídico establecido para él, y ante el evidente incumplimiento de la condicionalidad a la que se encuentra sometido”, indicó la JEP.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió en su momento en ese tribunal al general (r) Mauricio Santoyo Velasco por su presunta participación en la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes).
El oficial retirado, quien fungió como director del Gaula de la Policía en Medellín, se le señala de supuestamente haber ordenado la retención de los dos defensores de Derechos Humanos en hechos ocurridos el 6 de diciembre de 2001 en la capital de Antioquia.
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De igual forma, fue aceptado en la JEP en relación con la investigación que se le sigue por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.
El general (r) fue condenado por el Distrito Este de Virginia, Estados Unidos, por los cargos de “conspiración para proveer apoyo material y recursos a una organización terrorista extranjera, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”.
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