La FM en Google News
Germán Gustavo Garrido, la persona que interpuso una acción popular para que Uber no se vaya de Colombia, tras un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que ordenaba la suspensión del funcionamiento de esta plataforma en Colombia, habló con La FM sobre las razones que lo llevaron a tomar esa decisión.
La acción judicial surge a partir del fallo que sale de la SIC en diciembre del año pasado, donde señala que hay una competencia desleal y por eso le ordena a la plataforma de Uber que deje de operar en Colombia, luego de esa decisión Uber anunció que a partir del 1 de febrero se retirará del país, no sin antes confirmar que demandará a la Nación al considerar que se está violando el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. “Eso significa que se perdería una demanda de muchos dólares que afectaría el patrimonio público y yo pago impuestos, como muchos colombianos, y espero que sean destinados no a pagar sentencias judiciales sino a vías, a obras públicas, a salud o educación, a lo que tanto nos hace falta en el país”, aseguró Garrido.
“Por otro lado, veía yo que finalizando el 2018, en los últimos tres meses, se reportaba que Uber pagó por concepto del IVA 35.000 millones de pesos, que son dineros que entran a ser usados en vías, obras públicas, salud y tantas necesidades que tenemos en Colombia. Pero si usted coge taxi no hay IVA, cuando ya Uber no esté en el país estos recursos que reporta van a dejar de ingresar y son dineros que nunca se van a recuperar. Hoy es Uber y mañana puede ser cualquiera de las otras plataformas”, agregó el accionante.
Por otro lado, Garrido también aseguró que “como usuario uno escoge el servicio que le parece mejor y ese es un derecho que tenemos los consumidores, que podamos escoger libremente quien nos provee un mejor servicio basado en precios, calidad y otros factores que lastimosamente con algunos taxis no se puede”.
El accionante también dijo que la salida de Uber del país, espantaría la inversión extranjera.
“Cómo es posible que una actividad que paga impuestos sea ilegal, y básicamente el argumento de la SIC es que hay ilegalidad en este servicio, pero también hay un contrasentido porque se habla de una economía naranja y Uber es una iniciativa tecnología” argumentó Garrido.
Por último, sustentó su demanda en el hecho de que han pasado seis años sin que el Congreso de la Republica haya legislado sobre esa materia, pero tampoco lo ha hecho el Ejecutivo, “seis años donde el Ministerio de Transporte no ha hecho nada, el Congreso no ha hecho nada y nadie ha hecho nada”.
