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Con una votación unánime, la Sala Plena de la Corte Constitucional dejó en firme el fallo del año pasado que ordenó a la empresa minera Carbones del Cerrejón Limited, adoptar medidas para proteger a la comunidad wayuú.
La Sala negó la solicitud de nulidad al fallo de tutela que había presentado la empresa con el fin de tumbar esa decisión que en su momento se tomó con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos.
De esta manera la empresa de minería a cielo abierto deberá implementar medidas de control sobre las emisiones de material de particulado, limpieza exhaustiva de polvillo de carbón y disminuir el nivel de ruidos que producen sus operaciones.
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La discusión se basó en las afectaciones al medio ambiente por contaminación del aire y cuerpos de agua, además de afectaciones a la salud de los indígenas que viven cerca a la compañía.
En la primera sentencia sobre el caso, la Corte había encontrado que la comunidad indígena se encontraba en riesgo por la presencia constante de polvillo de carbón que se desplazaba desde la mina hasta el interior de sus hogares.
Ese polvillo también afectaba los suelos, los cuerpos de agua, la fauna y la flora de la región.
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La Corte dijo en esa tutela que también descubrieron que ese polvillo de carbón supera los límites exigidos a nivel nacional e internacional, por lo cual había ordenado a Cerrejón: “impedir eficazmente la contaminación de fuentes hídricas y la prevención de incendios que se generan en los mantos de carbón de la empresa”.
Ese fallo, también ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social que cree una brigada de salud para valorar a los habitantes del resguardo indígena.
Sin embargo, en ese momento la empresa aseguró que sus operaciones cumplían con los más altos estándares y valores límite de concentración a nivel nacional e internacional, por lo que aseguró que no se estaban generando las afectaciones denunciadas.
