La FM en Google News
La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a los contratistas Emilio Tapia Aldana, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde, por los hechos de corrupción que rodearon la adjudicación del contrato 1043 de 2020, firmado entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.
La decisión se toma para que respondan por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, por los hechos que rodearon la entrega de un anticipo de 70.000 millones de pesos con los que se buscaba avanzar en la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en 16 departamentos de Colombia.
En contexto: "Estamos trabajando para dejar la conectividad gratuita por 10 años", MinTIC sobre Centros Poblados
Las regiones en las que debía adelantarse ese proyecto eran Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
La investigación que adelantó la Fiscalía General en los últimos meses permitió concluir que existió falsificación de las actas y pólizas de seguros, para poder cumplir con los requisitos exigidos para participar del proceso licitatorio que adelantaba el Gobierno Nacional a través del Ministerio de las TIC.
También se concluyó que el representante legal de la unión temporal Luis Fernando Duque, el vocero de la empresa Rave Agencia de Seguros, Juan José Laverde y Emilio Tapia Aldana, falsificaron dichos documentos para participar de la licitación que se llevó a cabo en el mes de julio de 2020.
Se conoció, además, que la presentación de las falsas actas y pólizas de seguros permitieron que obtuvieran el contrato por 2,1 billones de pesos y obtener el anticipo de los 70.000 millones de pesos.
Consulte aquí: Caso Centros Poblados: Procuraduría citó a Karen Abudinen para que entregue su declaración
La investigación se realizó a través de expertos peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que lograron interceptar conversaciones telefónicas, chat de Whatsapp, al igual que documentos de reserva.
La Fiscalía señala que, debido a la falsificación de este tipo de documentos, los funcionarios del MinTIC se equivocaron y se afectó el objetivo de la licitación que era construir 7.277 centros educativos virtuales en 16 departamentos de Colombia.
Entre tanto, peritos del CTI adelantan el rastreo de los recursos que entregaron como anticipo en bancos del país y del exterior.
Para ello se avanza de manera articulada con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para detectar las cuentas que recibieron los dineros del anticipo entregado a la Unión Temporal Centros Poblados 2020.
.jpeg)
