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La Corte tumbó la sentencia de la misma corporación del 2017, la cual ordenaba realizar la consulta antitaurina en Bogotá.
Mientras que los antitaurinos califican la decisión del alto tribunal como abrupta, por no tener en cuenta la opinión de los ciudadanos, los seguidores de los toros señalan que la Corte derrotó el populismo.
“Está demostrado que cuando se busca someter a disposición de la ciudadanía algún tema en específico choca con intereses económicos de grupos poderosos. La democracia participativa no tiene valor”, señaló Natalia Parra, directora de Plataforma Alto.
Por su parte, Felipe Negret, quien fue empresario de la Plaza de Toros de La Santamaría desde 1999 hasta el 2016, dijo que la decisión de la Corte tumba “la arbitrariedad y el populismo social”. Señaló que las preocupaciones del Estado deben estar centradas en “mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.
Sin embargo, los antitaurinos esperan que se cumpla otra sentencia de la Corte Constitucional, que le dio plazo de dos años al Congreso para legislar sobre las corridas de toros.
“Se debe legislar el tema de los toros y las corridas a la jurisprudencia sobre la protección animal. La sentencia de la Corte es clara al decir que si no se legisla en ese lapso de tiempo entraría en vigencia la prohibición de dichas prácticas”, dijo la animalista Andrea Padilla.
En la última decisión de la sala plena, la Corporación tuvo en cuenta la ponencia del magistrado Carlos Bernal, para quien el Congreso de la República es la autoridad que debe prohibir los espectáculos taurinos y no la autoridad local como en su momento la había convocado el alcalde Gustavo Petro para que la ciudadanía decidiera si está o no de acuerdo con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá.
En la consulta los bogotanos deberán responder la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo, Sí o No, con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá Distrito Capital?”.
Quienes cuestionaron la realización de la consulta argumentaron que “la celebración de corridas de toros y novilladas están protegidas mediante la Ley 916 de 2004, por lo cual, una decisión local no podría tener el efecto de inaplicar una ley nacional”; además consideraban que “la pregunta aprobada por el Concejo Distrital (…) afecta el ejercicio de derechos fundamentales de quienes ejercen y disfrutan de las corridas de toros”.
